El bloque del PRO y La Libertad Avanza solicitaron una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles, con el objetivo de discutir el proyecto de ley de «Ficha Limpia«. Esta iniciativa busca impedir que dirigentes con condenas en segunda instancia por hechos de corrupción puedan postularse a cargos electivos nacionales.
El pedido, encabezado por el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, y apoyado por Gabriel Bornoroni, líder de la bancada de La Libertad Avanza, cuenta con el respaldo de varios legisladores de ambas fuerzas, entre ellos Silvana Guidici, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal, Fernando Iglesias y Nadia Márquez.
La propuesta de Ficha Limpia cobra especial relevancia en la actual coyuntura, dado que la Cámara Federal de Casación está a punto de resolver la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, donde enfrenta una condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. De confirmarse el fallo y aprobarse el proyecto de Ficha Limpia en ambas cámaras, Fernández de Kirchner no podría aspirar a cargos en 2025.
Actualmente, la postulación a cargos electivos sólo se ve impedida cuando existe un fallo firme de la Corte Suprema. Con la ley de Ficha Limpia, los candidatos quedarían inhabilitados desde la condena en segunda instancia por delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.
El proyecto forma parte de un paquete legislativo que incluye también la reforma del Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal en materia de reincidencia, así como la habilitación del voto por correo para ciudadanos en el exterior. El foco principal, sin embargo, está puesto en la modificación del artículo 13 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, con el fin de establecer criterios más estrictos para la postulación de candidatos con antecedentes penales.
La idea de limitar las candidaturas de personas con condenas en segunda instancia ha estado presente en la agenda legislativa desde 2017, cuando la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Julio de Vido, ex ministro kirchnerista condenado por corrupción. Sin embargo, los intentos anteriores no lograron avanzar hasta esta instancia. El respaldo actual de dos bloques fuertes en la Cámara sugiere que podría haber un consenso suficiente para impulsar finalmente la iniciativa en el Congreso.
La sesión especial, convocada para debatir estas reformas, promete ser una jornada clave, no solo en el plano legislativo sino también en el político, en momentos de alta sensibilidad para el sistema judicial y de profunda polarización entre el oficialismo y la oposición.
