El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, está preparando una ofensiva judicial contra municipios que aplican tasas adicionales sobre la venta de combustibles. Con el argumento de que esta práctica constituye una «doble imposición», el equipo legal de Economía busca eliminar recargos que encarecen un insumo clave para ciudadanos y empresas.
Una de las prioridades del Gobierno es que los efectos de la estabilización económica se reflejen en el bolsillo de la gente. Caputo afirmó recientemente: «Debemos empezar a crecer para devolverle ese dinero a la gente reduciendo impuestos». Aunque esta iniciativa no implica una reducción directa de tributos nacionales, sí apunta a evitar cargas extras impuestas a nivel municipal que afectan transversalmente a la población.
Fuentes cercanas al Ministerio confirmaron que la presentación judicial está prácticamente lista. «Tienen todo preparado para presentar la denuncia», reveló un informante del sector privado familiarizado con el impacto de estos recargos en el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.
Gravado más de una vez con impuestos similares
El concepto de doble imposición es central en la estrategia legal de Economía. Se refiere a situaciones donde un mismo bien o renta es gravado más de una vez con impuestos similares. En el caso de los combustibles, además del impuesto nacional, muchos municipios aplican una «tasa vial» que se suma al ticket de compra de nafta o gasoil, incrementando el costo para el usuario final.
Según la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), entre enero y julio los municipios recaudaron alrededor de $1.300 millones a través de estas tasas, aumentando en promedio un 2% el precio del combustible.
Isabelino Rodríguez, presidente de Cecha, criticó estas prácticas municipales: «Los municipios, en su afán recaudatorio, crean pseudotasas que cargan sobre el consumo de combustibles con argumentos engañosos». Señaló que las comunas ya reciben ingresos por el consumo de nafta a través de la coparticipación del impuesto establecido en la Ley 23.699 sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono, que distribuye fondos entre Nación, provincias y municipios.
Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, resumió la situación diciendo: «Se están aplicando tasas sobre impuestos». Además, cuestionó la falta de contraprestación: «En la mayoría de los casos, no hay una justificación clara y terminan financiando gastos corrientes».
Tasas municipales
Un relevamiento del sitio «MenosImpuestos» reveló que municipios como Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, Tigre y otros aplican cargas tributarias al combustible superiores al 2%. Otros distritos del AMBA, como La Matanza y Avellaneda, imponen tasas entre el 1% y 2%, mientras que en localidades como Vicente López y Morón la presión es menor al 1%.
Los análisis indican que el precio del combustible puede variar hasta un 4% entre distintos municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires, dependiendo de la tasa vial aplicada. Las estaciones con precios más altos se concentran en zonas donde los municipios imponen mayores recargos.
Recortar tasas para los ciudadanos
La inminente acción judicial del Ministerio de Economía sería la segunda medida concreta contra estas tasas municipales. El pasado 17 de septiembre, el Gobierno dispuso que las estaciones de servicio que cobren estas tasas deben informarlo claramente mediante carteles en los surtidores. En ese momento, Caputo celebró la medida afirmando: «Seguimos dando la batalla por la transparencia».
Según la normativa, cada surtidor debe exhibir una calcomanía visible, con colores definidos por cada empresa petrolera, mientras que las estaciones sin marca específica usarán un sticker amarillo. Los establecimientos tienen plazo hasta mediados de febrero para adaptarse; de lo contrario, enfrentarán sanciones económicas o apercibimientos, tal como dispone el artículo 3 de la norma publicada en el Boletín Oficial.
