El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), concluyó una exhaustiva auditoría sobre cooperativas y mutuales en Argentina. Los resultados fueron alarmantes, según declaraciones de un funcionario de la Casa Rosada, culminando en la suspensión de funcionamiento de 8.588 cooperativas y 673 mutuales. Además, otras 7.887 cooperativas y 418 mutuales están en proceso de suspensión operativa y sumarios.
Estas organizaciones enfrentan la obligación de presentar documentación esencial, como registros de asambleas, cambios de autoridades y rendiciones de cuentas de los subsidios estatales recibidos durante la administración de Alberto Fernández. De no cumplir con estos requisitos, corren el riesgo de perder su autorización de manera definitiva.
Beneficiarios y asignaciones de fondos
Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, las cooperativas y organizaciones civiles fueron las principales receptoras de subsidios estatales, acumulando un total de $29.966.430.726. De esta suma, $18.391.880.742 fueron otorgados a través de la Secretaría de Economía Popular, dirigida por Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, mientras que $11.574.549.984 provinieron del INAES. Entre las principales beneficiarias se destacan entidades vinculadas a movimientos sociales como el Movimiento Evita, el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie.
Irregularidades y sanciones
La auditoría, dirigida por Marcelo Collomb, reveló un crecimiento del 139% en el padrón de cooperativas en cuatro años, pasando de 9.978 en 2019 a 23.836 en 2023. Este incremento, dominado por cooperativas de trabajo, desató investigaciones que expusieron múltiples irregularidades, incluyendo la superposición de asociados en varias entidades y la falta de documentación obligatoria.
El INAES destacó que la falta de acción en gestiones anteriores había dejado un padrón inflado y descontrolado, lo que llevó a la necesidad urgente de implementar un plan de reordenamiento y control. «El crecimiento del padrón, la falta de acción sobre las entidades suspendidas y el incumplimiento en la presentación de documentación anual evidencian la necesidad de un plan de acción», señaló la institución en un comunicado.
Medidas adoptadas por el Gobierno
El 27 de marzo de 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada la suspensión de la operatividad de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, afectando a más de 11.000 entidades. Esta decisión se fundamenta en la detección de múltiples irregularidades, como la falta de presentación de balances y asambleas, así como la repetición de asociados y domicilios entre las cooperativas. En total, la acción gubernamental abarca 16.473 entidades en proceso de suspensión y sumarios.
Investigaciones y sanciones judiciales
Además de las suspensiones, una veintena de cooperativas vinculadas al anterior oficialismo han sido cerradas y sancionadas por involucrarse en escandalosas causas judiciales, como la de los seguros o los “guardapolvos fantasma”. Estas investigaciones apuntan a posibles actos de lavado de dinero a través de estas organizaciones, desviando cientos de millones de pesos.
Impacto en el sector cooperativo
La auditoría subrayó que muchas de estas cooperativas operaban sin cumplir con las normativas básicas, lo que compromete la transparencia y legalidad del sector. «El proceso de reordenamiento no solo busca depurar un registro inflado y descontrolado, sino también restablecer la confianza en un sector fundamental para la economía social del país», afirmó el INAES.
Las entidades que no regularicen su situación en el sumario correspondiente enfrentarán el retiro definitivo de su autorización para funcionar, según advirtió la agencia. Este esfuerzo gubernamental pretende limpiar el sector de cooperativas y mutuales, garantizando que operen bajo estrictos estándares de legalidad y transparencia.
