La oposición en la Cámara de Diputados se vio obligada a posponer por una semana la sesión que estaba prevista para esta tarde, en la cual buscaba limitar el poder del presidente Javier Milei. El objetivo era restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y anular el decreto 846/24, que flexibiliza las condiciones para renegociar la deuda. A pesar de que en un principio los números parecían estar del lado de los impulsores de la iniciativa –Unín por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF) y el bloque de radicales de Democracia–, el Gobierno logró finalmente debilitar ese respaldo, neutralizando la sesión con una intensa presión sobre los gobernadores de diversas filiaciones políticas.
Con tal de asegurar su objetivo, el oficialismo se comprometió a dictaminar el proyecto de Presupuesto 2025 este jueves, una demanda crucial de los mandatarios provinciales que buscan previsibilidad en la gestión de sus recursos. Además, solicitaron al Poder Ejecutivo el pago de la compensación del consenso fiscal; el abono de las deudas relacionadas con las cajas previsionales no transferidas a la ANSES; la distribución de un porcentaje de los fondos remanentes de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no utilizados por el Gobierno nacional; y la eliminación de las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles, reasignando estos fondos a las provincias que han dejado de recibir subsidios, como los destinados al transporte urbano.
Una estrategia concentrada en los gobernadores
El Gobierno trabajó contra el reloj para evitar una nueva derrota al cierre del periodo ordinario. La estrategia incluyó condicionar la negociación de recursos y obras de infraestructura pendientes para las provincias a que sus mandatarios no respaldaran esta nueva afrenta opositora. La prioridad era mantener vigente el decreto 846, que otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de renegociar deuda y asegurar liquidez sin necesidad de la aprobación del Congreso.
Los gobernadores, tentados por la promesa de garantías presupuestarias, decidieron alinearse con el Gobierno. Esto incluyó tanto a los del radicalismo –incluido Maximiliano Pullaro, cuya referente se encuentra en el bloque Democracia– como a los peronistas aliados, como Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca). Incluso Gerardo Zamora (Santiago del Estero), quien ha mantenido una postura crítica frente al oficialismo, se mostró dispuesto a retirar dos de sus diputados de la sesión.
La tarea fue coordinada entre la presidencia de la Cámara, encabezada por Martín Menem, y Lisandro Catalán, secretario del Interior. Ambos intensificaron sus gestiones desde el jueves pasado, una vez conocida la convocatoria a la sesión especial, buscando neutralizar cualquier apoyo a la movida opositora.
“Recibimos llamados incesantes”, reveló un diputado del bloque liderado por Germán Martínez. Se refería al contacto de distintos referentes del Ministerio del Interior y de Menem, quienes buscaban reducir el número de votos en contra del Gobierno. Aplicaron esta estrategia también con dirigentes peronistas desencantados con la conducción del partido y con aquellos atrapados en las tensiones internas del PJ, divididos entre el liderazgo de Cristina Kirchner y el peronismo de los gobernadores del interior, como el riojano Ricardo Quintela.
Los números de los opositores
La oposición conforma un frente heterogéneo que intenta frenar al presidente. Este grupo incluye a la UCR blue con sus 12 integrantes; UP con 92 –excluyendo a los cuatro legisladores catamarqueños, a quienes podrían sumarse dos santiagueños–; la Izquierda, con cinco diputados; los seis miembros de la Coalición Cívica (CC); la exoficialista Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal); los larretistas de PRO, Álvaro González y Héctor Baldassi; y el santacruceño Sergio Acevedo. Encuentro Federal (EF) aportaría 13 de sus 16 diputados. No obstante, el entrerriano Francisco Morchio, el chubutense Jorge Ávila, y el porteño Ricardo López Murphy apoyarían al Gobierno, mientras que Alejandra Torres y Miguel Ángel Pichetto se abstendrían, dejando un total de 132 diputados dispuestos a sesionar, cinco más de los necesarios para abrir la sesión y alcanzar la mayoría.
El bloque PRO también confirmó su apoyo al Gobierno. En una reunión cumbre encabezada por el expresidente Mauricio Macri, se decidió no dar quórum y, en caso de que la sesión avanzara, no votar junto al kirchnerismo. “Mantenemos nuestra postura: no arriesgaremos la gobernabilidad ni apoyaremos al kirchnerismo”.
El oficialismo continuará intentando desactivar la sesión siguiente hasta el último momento, presionando a los gobernadores y buscando apoyo en dirigentes peronistas descontentos con la conducción del bloque. Sin embargo, la oposición parece decidida a dar un golpe legislativo contra Milei.
Los proyectos en debate
En la sesión estaban programados dos proyectos de ley: el primero, una reforma a la ley 26.122 para limitar el uso de los DNU; y el segundo, la discusión sobre la norma que permite al Poder Ejecutivo renegociar deuda sin la aprobación del Congreso.
El primer proyecto, impulsado por UP, EF y los 12 radicales de Democracia, busca evitar que el presidente pueda recurrir a los DNU de manera sencilla, prefiriendo la sanción de leyes como vía legislativa. Esto es particularmente difícil para La Libertad Avanza, que solo cuenta con 39 de los 257 diputados y seis de los 72 senadores.
Números de DNU por presidente
Hasta la fecha, Milei ha firmado 42 DNU, un número significativo considerando que Macri firmó 70 durante sus cuatro años de gestión y Kirchner 78 durante sus dos mandatos.
En cuanto al DNU que permite la renegociación de deuda sin la aprobación del Congreso, la oposición argumenta que infringe la Constitución –la cual establece que los acuerdos con acreedores son competencia exclusiva del Congreso–, así como la ley de Administración Financiera.
