La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reclamó que se rechace la medida cautelar que pidió la Universidad de Buenos Aires (UBA) para evitar ser auditada por ese organismo, al presentar el informe de contestación de demanda ante la Justicia, al tiempo que recusó sin causa al juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick.
Ante esto el magistrado envió hoy el expediente a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que se realice un nuevo sorteo de juzgado, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. «Resulta evidente que el dictado de la medida cautelar solicitada en la demanda de la Universidad de Buenos Aires comprometería el interés público de modo irreversible, al afectar en forma directa el cumplimiento de los objetivos constitucionales, tales como el debido contralor de los fondos públicos», sostuvieron en el escrito presentado por el titular de la SIGEN, Miguel Blanco.
La SIGEN sostuvo que «auditar no es intervenir, es verificar la gestión económico financiera de una entidad que tiene como fin agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, a la vez que permite rendir cuentas de los recursos públicos utilizados y dotar de transparencia a la gestión estatal. Impedir que la SIGEN audite los fondos que el Tesoro Nacional le gira a la UBA, para el cumplimiento de sus funciones, implica ocasionar un grave perjuicio al interés público de efectos irreversibles, porque dejaría sin auditar la aplicación de los cuantiosos recursos asignados a esa casa de estudios que aún no se han rendido», advirtió.
El organismo aclaró que se trata de «auditar en que y como son dispuestos los fondos que el Estado Nacional le ha otorgado. La auditoría excluye planes de estudio y otros ingresos que pueda tener la universidad por sus propias actividades ni genera costo alguno para la misma».
El pedido de la UBA
La UBA presentó el 28 de octubre una acción declarativa de certeza y reclamo de medida cautelar para evitar ser auditada por la SIGEN. El juez Cormick se declaró competente y dio plazo a la SIGEN a responder en el término de cinco días hábiles sobre el reclamo de medida cautelar. En el escrito de demanda se pidió la cautelar para que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional y a la SIGEN que se «abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno».
En la demanda se busca que la Justicia «declare la inconstitucionalidad del art. 8 del Decreto 1344/07 y la incompetencia de la SIGEN para ejercer el control interno de esta Universidad por resultar contradictorios e incompatibles con las normas, principios y garantías de la Constitucional Nacional. La normativa atacada comporta una inexcusable violación del orden jurídico constitucional, vulnerando lo dispuesto por los artículos 75 inciso 19 y 99 inciso 2º de la Constitución Nacional (CN), la ley 24.521, la ley 24.156, así como los arts. 77, 83 y 98 del 3 Estatuto Universitario y las pautas contenidas en la Resolución (CS) Nº 8237/13, procurándose con esta acción la tutela jurisdiccional de los derechos de esta parte», agrega la demanda.
