La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo creado en reemplazo de la AFIP, ha implementado una regulación sobre los usuarios de billeteras virtuales que ahora deberán justificar el origen de sus fondos si sus saldos superan los $700.000 o si realizan transferencias mayores a $400.000 en una sola operación.
La nueva resolución N.º 4298 dista del gobierno de Javier Milei que se declara abiertamente liberal, la creación de Arca y su rol de control sobre el movimiento de dinero en plataformas digitales contrasta con los principios políticos de La Libertad Avanza. Este tipo de regulaciones, que requieren justificar el origen de los fondos en determinados montos, son características de un sistema de supervisión estatal, similar al de gobiernos de corte estatista.
Límites para justificar fondos en billeteras virtuales
De acuerdo con las nuevas disposiciones, cualquier saldo que supere los $700.000 o transferencias de más de $400.000 dispararán controles por parte de Arca, obligando a los usuarios a presentar documentación que demuestre que los fondos son legales y están debidamente registrados. Aunque no se prohíben las operaciones, esta regulación busca asegurar que el dinero en circulación dentro de las billeteras virtuales provenga de actividades legítimas.
Si bien se afirma que los controles buscan prevenir la evasión fiscal y el lavado de dinero, los usuarios ven en esta medida una intromisión que contradice el discurso liberal del actual gobierno, ya que se establece un sistema de vigilancia sobre los montos transferidos. Los fondos que estén por debajo de los límites mencionados no quedan exentos de revisiones, aunque es menos probable que sean automáticamente observados.
Obligación de reporte para las billeteras virtuales
La resolución indica que no serán los usuarios quienes reporten sus transacciones, sino las propias plataformas de billeteras virtuales las encargadas de informar los saldos y movimientos que superen los límites establecidos. Además, estos informes deben ser actualizados cada seis meses de acuerdo con la inflación, para mantener los topes ajustados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este mecanismo de control coloca a las empresas proveedoras de billeteras digitales en una posición de corresponsabilidad, obligándolas a monitorear y reportar todas las transacciones que superen los límites, y añadiendo una capa de burocracia en un sector que, hasta hace poco, era promovido como una alternativa ágil al sistema bancario tradicional.
