En medio de las negociaciones y tensiones por la aprobación del Presupuesto 2025, ocho gobernadores de distintos signos políticos han decidido adherirse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que el Gobierno lanzó el pasado 31 de octubre. Este programa, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, permite a las provincias canjear sus deudas con la Nación por terrenos fiscales, rutas o participación en empresas públicas, siempre que ambas partes alcancen un acuerdo.
Mientras el grueso de los gobernadores ha puesto en jaque el proyecto de presupuesto y solicita una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con Luis y Santiago Caputo para asegurar fondos, el presidente Javier Milei amenaza con prorrogar por segundo año consecutivo la ley vigente de 2023 si no se llega a un consenso.
Aunque las provincias tenían diez días más para decidir, ocho mandatarios ya se han sumado al régimen, buscando iniciar, según el vicejefe de Gabinete de Interior, «una nueva etapa en la relación federal» y hacer un «borrón y cuenta nueva» en las deudas recíprocas entre Nación y provincias.
El último en entrar al programa
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue el último en adherirse al programa. A pesar de ser un opositor firme y el único del grupo que no recibió Aportes del Tesoro Nacional (ATN), decidió sumarse tras una reunión en la Casa Rosada. Funcionarios pampeanos afirman que la gestión de Milei acumula deudas con la provincia por $70.000 millones en 2024, cifra que podría alcanzar los $100.000 millones antes de fin de año. La principal preocupación es la falta de transferencias a la caja jubilatoria provincial, que suma una deuda retroactiva de $150.000 millones. Ziliotto, junto con otros doce gobernadores afectados, ha recurrido a la Corte Suprema en busca de una solución, ya que en lo que va del año la Nación no ha realizado aportes a estas cajas previsionales.
Otros cuatro gobernadores de provincias que no han transferido sus cajas jubilatorias también se han adherido al régimen: Ignacio Torres (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes).
Los casos más destacados
Ignacio Torres, del PRO, fue uno de los impulsores de la idea de que el Gobierno nacional transfiera rutas a las provincias como parte del canje de deudas. A principios de año, tuvo desencuentros con la Casa Rosada cuando la Nación retuvo fondos de coparticipación que Chubut había puesto como garantía de un adelanto. Sin embargo, el vínculo mejoró y Torres, quien comparte poder en su gabinete con miembros de La Libertad Avanza (LLA), anunció un plan para reducir el endeudamiento provincial, prometiendo dejar a Chubut «totalmente desendeudada» al final de su gestión.
En Misiones, el gobernador Passalacqua ha mantenido un vínculo fluido con el Gobierno nacional, lo que ha facilitado la colaboración en temas sensibles y ha permitido que la provincia sea destinataria de transferencias discrecionales, especialmente en situaciones de emergencia hídrica y alimentaria.
Claudio Vidal, de Santa Cruz, es uno de los pocos gobernadores con diálogo abierto con el Ejecutivo que se negó a firmar el Acta de Mayo. A pesar de mantener canales de comunicación, enfrenta una situación financiera compleja. En junio, devolvió $23.000 millones por un préstamo tomado por la anterior gestión de Alicia Kirchner. El ministro de Economía destacó que Vidal se comprometió a cancelar antes de fin de año deudas por $20.000 millones en electricidad y gas que la provincia mantiene con la Nación.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, de la UCR, evalúa la posibilidad de saldar la deuda que la Nación tiene con la caja jubilatoria provincial, estimada en $25.000 millones acumulados entre 2017 y 2019. «Veremos qué inmuebles podrían ser interesantes para la provincia, de acuerdo con la oferta disponible», señaló Valdés tras reunirse con el presidente Milei en la Casa Rosada.
Adhesiones sin sorpresas
Otros tres gobernadores del norte argentino se sumaron al régimen sin demoras: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Este último refinanció en junio una deuda de $80.000 millones con el Estado nacional. Estas provincias dependen en gran medida de las transferencias de coparticipación, las cuales han disminuido en los últimos meses.
Plazos y expectativas
El resto de las provincias tienen hasta el 12 de diciembre para adherirse voluntariamente al régimen. Aquellas que ya lo hicieron cuentan con 30 días hábiles adicionales para presentar la documentación que respalde su estado de deuda. El Gobierno espera que más distritos se incorporen al programa para resolver las obligaciones pendientes y fortalecer la relación fiscal entre Nación y provincias.
