El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo capítulo de tensión con Aerolíneas Argentinas, en medio de negociaciones que definirán el futuro de la empresa estatal. Mientras el oficialismo evalúa la posibilidad de cerrar la aerolínea debido a las dificultades para concretar su privatización en el Congreso, las reuniones paritarias con los sindicatos del sector continúan. El Ejecutivo buscará evitar un agravamiento del conflicto con los gremios más combativo; sin embargo, su postura se mantiene férrea ante la cesión de fondos.
Este lunes, representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) se reunirán con autoridades gubernamentales luego de haber rechazado la última oferta presentada por la aerolínea. Tras la reciente reunión, Mateo Ferrería, secretario Gremial de APLA, calificó de “positivo” el encuentro y garantizó que mientras duren las negociaciones no se llevarán a cabo nuevas medidas de fuerza.
La semana pasada estuvo marcada por paros sorpresivos en aeropuertos y la decisión del Gobierno de desregular el servicio de rampas para romper el monopolio de Intercargo, la empresa estatal encargada de prestar dicho servicio. Este escenario derivó en despidos y en anuncios de apertura a empresas privadas.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó en una entrevista en Radio Mitre que el Gobierno tomará medidas para evitar que los pasajeros se conviertan en rehenes de posibles paros. «Esperamos que se establezca un periodo de negociación sin medidas de fuerza. No se puede negociar con presiones de una de las partes, y si eso no se cumple, tomaremos las recaudas necesarias», aseguró Cordero.
La crisis y las medidas para Aerolíneas Argentinas
Las protestas del miércoles y jueves pasado por parte de trabajadores de Intercargo afectaron a cientos de pasajeros que quedaron varados en los aviones sin poder desembarcar. En respuesta, el Gobierno despidió a 15 empleados de la compañía y anunció la desregulación del servicio de rampas, permitiendo la participación de empresas privadas en los aeropuertos del país.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, afirmó que el Gobierno ya está en diálogo con los empleados de Aerolíneas Argentinas para definir el futuro de la empresa. Según Francos, si no se logra la privatización, se intentará la administración directa por parte de los trabajadores, y si eso no prospera, la empresa cerrará. «Aerolíneas no tendrá más financiamiento estatal», enfatizó Francos, recordando que, durante el kirchnerismo, la compañía recibió más de 8 mil millones de dólares en subsidios.
Por su parte, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, reiteró la postura del Ejecutivo: «Vamos por la privatización, y si eso no se concreta, se buscará que los empleados acepten la gestión. De lo contrario, Aerolíneas será cerrada». Además, Mogetta indicó que la empresa no recibirá más subsidios del Estado. Finalmente, exigió a los gremios que presenten un plan para que la aerolínea opere sin conflictos. En caso contrario, se impulsará un Plan Preventivo de Crisis que podría derivar en el cierre definitivo de la empresa.
Negociaciones salariales y conflicto judicial en el horizonte
Las negociaciones salariales continuaron el viernes sin la presencia de los secretarios generales de los gremios, quienes fueron reemplazados por los secretarios gremiales. Las reuniones se llevaron a cabo en el edificio de Aerolíneas en Aeroparque, donde, según fuentes sindicales, se mostró predisposición por parte de la empresa para avanzar en las conversaciones. Por el momento, se estableció una tregua temporal, suspendiendo nuevas medidas de fuerza mientras se espera un avance en las negociaciones.
En paralelo, el Gobierno busca revocar una medida cautelar favorable al gremio APLA. La cual frenó la aplicación de los decretos 825 y 831, que establecen al sistema de aeronavegación civil como un servicio esencial. Esta categorización implicaría que los gremios deben informar con cinco días de anticipación cualquier medida de fuerza. Además, en caso de huelga, garantizar al menos el 50% del servicio. La cautelar fue dictada por el juez del trabajo Ricardo Hierrezuelo, quien sostuvo que el derecho de huelga está garantizado por la Constitución Nacional y por tratados internacionales, como el convenio de la OIT de 1987.
