La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó la detención de Sergio Urribarri, por la causa en la que fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos por corrupción. Desde la Justicia pidieron la «inmediata captura» del exgobernador cercano a Cristina Kirchner y que fue embajador en Israel durante la gestión de Alberto Fernández.
El 7 de abril de 2022, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, en el marco de una causa que juzgó distintos hechos en el lapso de 2010 a 2015. La Justicia lo encontró culpable del delito de negociación incompatible con la función pública. Esto le costó su cargo en la embajada argentina en Israel y tildó de «mamarracho» el accionar del Poder Judicial contra él.
Consideraron como probado que el exgobernador de Entre Ríos usó de forma ilegal fondos públicos para financiar sus campañas electorales, a través de contratos de imprenta y publicidad por 28,4 millones de pesos. En 2023, el exfuncionario peronista fue condenado en segunda instancia y, como la Corte Suprema de Justicia no aceptó el pedido extraordinario, quedó efectiva.
Ante esto, pidieron su detención inmediata por el riesgo de fuga que representa que esté en libertad. Para los representantes del ministerio Público «han quedado comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero».
Sergio Urribarri fue capturado y se encuentra alojado en la Unidad Penal 1 este martes, según revela NA. Por esta misma causa también fue condenado Juan Pablo Aguilera, a seis años y medio de prisión por ser dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público y funcionario a la vez, pero también por ser parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.
El exministro Pedro Báez también fue condenado a seis años de prisión, mientras que Hugo Marsó fue absuelto. Así, un nuevo exfuncionario K fue arrestado por corrupción, a pocos días de conocerse la sentencia en segunda instancia contra Cristina Kirchner en el marco de la Causa Vialidad, otro hecho trascendental de la historia moderna del país.
