Las transferencias a las provincias, el aumento a las universidades públicas, la ley de Financiamiento Educativo y las obras públicas se destacan entre los puntos centrales de las negociaciones que realizaban por estas horas el Gobierno nacional y legisladores del oficialismo y bloques dialoguistas en el Congreso de la Nación a fin de acordar el Presupuesto 2025.
La bancada de La Libertad Avanza (LLA) tiene la intención de sancionar la denominada “ley de Leyes” en la Cámara de Diputados entre el 20 y 27 de noviembre, y tener dictamen de comisión a mediados de este mes. Para cumplir el esquema de trabajo, el oficialismo estuvo reuniéndose con bloques dialoguistas dispuestos a estampar su firma en el despacho de mayoría de la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el oficialista José Luis Espert.
Las negociaciones entre la LLA, el PRO, MID, y la Unión Cívica Radical (UCR) se vienen realizando desde los primeros días de octubre, pero surgieron propuestas sobre las demandas que tiene cada fuerza política. Estas conversaciones también incluyen a Innovación Federal, Coalición Cívica (CC) y Encuentro Federal, aunque la primera de éstas, liderada por Miguel Ángel Pichetto, quiere un dictamen propio y eso complicaría al oficialismo para tener un despacho de mayoría.
A su vez, el Poder Ejecutivo también deberá sentarse a conversar con los radicales disidentes agrupados en Democracia para Siempre, es decir, una docena de legisladores muy críticos con el presidente Javier Milei. En esas negociaciones que encara el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, Espert, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, los opositores amigables con la LLA piden una suba de transferencias a las provincias, aumento para las universidades, obras públicas, y mantener la ley de financiamiento docente.
El oficialismo pone como condición para acceder a introducir cambios que se mantenga su política de superávit fiscal del gasto primario. Las negociaciones se realizan en paralelo con el Senado de la Nación, e incluso esta semana hubo una reunión entre el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, Guberman, los senadores oficialistas Ezequiel Atauche, y Bartolomé Abdala, con senadores de la UCR y Provincias Unidas.
Desde la UCR plantearon que si el Gobierno no subsidia más el transporte del interior del país, el porcentaje del impuesto a los Combustibles -que se asignaba a esa partida- se incorpore a la masa coparticipable para que las provincias asuman ese gasto. También, contemplando que la AFIP no existirá y tendrá una estructura gerencial más pequeña, piden que el 1,9% de la recaudación que se utilizaba para ese fin se incorpore una parte a la masa coparticipable.
Otro punto que están discutiendo las provincias que tendrán que hacerse cargo del transporte y educación con la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, es que el 1% de la recaudación destinado a Aportes del Tesoro Nacional (ATN) también se distribuya entre las provincias y la Nación, consignó NA.
Es decir, si la Nación no ayudará ni asistirá al transporte del interior -sólo lo hará en el AMBA- que por lo menos sume más fondos para que puedan hacerse cargos las provincias. También se reclama por que se terminen las obras ya ejecutadas en un 80%, en especial aquellas vinculadas a grandes emprendimientos de infraestructura.
Un tema candente de la negociación es el aumento de los recursos para las universidades, reclamado por todas las fuerzas opositoras, incluidos los aliados más cercanos que tiene el Gobierno como el PRO. Sobre este punto, el Gobierno estuvo a punto de anunciar un incremento en las universidades a cambio de disminuir los recursos destinados al financiamiento docente, pero no hubo acuerdo en este punto con el PRO.
El incremento a las universidades iba a anunciarse en una conferencia de prensa que luego el oficialismo suspendió. El Consejo de Rectores, agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quiere recursos por un total de $ 7,2 billones, y el Gobierno estableció en el Presupuesto una partida de $ 3,8 billones, y todos creen que finalmente será de $ 5 billones.
Para alcanzar ese monto se debe achicar los fondos asignados a otros destinos ya que el Gobierno señaló que “no se negocia el equilibrio fiscal” primario, por lo que cada aumento debe compensarse con la baja de otro gasto. Por eso, esta semana se buscará entre el oficialismo y los bloques dispuestos a acompañar al Gobierno, cerrar todos los acuerdos que permitan el 12 de noviembre emitir el respectivo dictamen de minoría.
La UCR, CC, y Encuentro Federal tienen otros reclamos que son más complejos para resolver como es que se incluya el aumento del 8% para los jubilados para compensar la inflación de enero como estaba en la ley vetada. Otro punto que será motivo de debate es el de los gastos tributos que para el año 2025 alcanzan $ 27.025.062,8 millones, 3,54% del PBI, de los cuales $ 3.321.123,9 millones corresponden a fondos de compensación, y el resto a exenciones impositivas como el caso de los jueces que no pagan impuesto a las Ganancias.
El oficialismo hace cuentas sobre votos a favor
Para el oficialismo es central que respalden la “ley de leyes” los bloques del PRO, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal y la CC, ya que la LLA apenas tiene 39 legisladores propios. Y otros aliados firmes como el MID -un desprendimiento del oficialismo- que tiene tres miembros, tres del Bloque Independencia, y uno de CREO.
Con estos aliados permanentes alcanza los 44 legisladores con lo cual necesita unos 85 legisladores para alcanzar los 129 para abrir el debate y tener mayoría para aprobar cada artículo del proyecto que establece gastos y recursos del 2025. Los acuerdos entre LLA y los bloques dialoguistas no sólo son centrales para tener los votos en el recinto, sino para tener la mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda.
Esa comisión tiene 49 diputados de los cuales, la LLA tiene seis miembros y MID, dos; el PRO, siete; UCR, cinco; Encuentro Federal, dos; Democracia Federal, dos; Innovación Federal, dos; Producción y Trabajo, uno; y CC, uno; mientras que Unión por la Patria (UxP) tiene 20 y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), uno. Para tener mayoría, el oficialismo debe reunir al menos 22 firmas para tener un número superior a UxP y el FIT que vienen firmado juntos los dictámenes.
