La posibilidad de que Javier Milei designe a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema mediante un decreto enfrenta múltiples obstáculos políticos y judiciales. A pesar de que el mandatario no descartó esta opción en una reciente entrevista, la falta de consenso en el Senado sigue bloqueando los pliegos de ambos candidatos desde agosto.
El artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional ampara los nombramientos en comisión, permitiendo al Presidente cubrir vacantes durante el receso del Senado, con vigencia hasta el fin de la siguiente Legislatura. Mauricio Macri utilizó este recurso en 2015 para designar en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, aunque luego ambos fueron confirmados por el Senado. Sin embargo, en el caso actual, el panorama es más complejo.
Obstáculos en el camino
El principal desafío sería la toma de juramento, un trámite indispensable para que los designados asuman sus funciones en la Corte. Rosatti, presidente del tribunal, tendría la última palabra. Aunque él mismo llegó a la Corte por un decreto, ahora podría bloquear el nombramiento simplemente retrasando la ceremonia de juramento, lo que complicaría los planes de Milei.
Otro punto crítico surge de las declaraciones previas de los propios candidatos. Lijo y García-Mansilla han expresado reservas sobre aceptar una designación en comisión. Durante su audiencia en el Senado, García-Mansilla rechazó públicamente esta posibilidad. Por su parte, en el peronismo aseguran que si Lijo aceptara ser nombrado por decreto, su confirmación en el Senado sería inviable. Y es que implicaría respaldar un mecanismo que han cuestionado abiertamente.
Precedentes y comparaciones
En 2015, Macri utilizó el decreto como herramienta de presión para negociar con sectores del peronismo y garantizar el acuerdo en el Senado. Sin embargo, las condiciones actuales son diferentes. La oposición peronista, especialmente el sector alineado con La Cámpora, descarta que este mecanismo sea útil para abrir un diálogo con el oficialismo, menos aún en un contexto electoral como el de 2025.
Implicancias políticas y constitucionales
El decreto, al no ser un DNU, no puede ser revertido por el Congreso, otorgando a los jueces designados un mandato hasta diciembre de 2025. Sin embargo, para que esta estrategia funcione, Milei debería emitir el decreto antes de convocar a sesiones extraordinarias, argumentando que el Congreso no está en funcionamiento.
A diferencia del caso de Macri, el entorno político actual presenta un escenario más polarizado y con menores posibilidades de negociación. La postura del kirchnerismo, endurecida por los recientes enfrentamientos con Milei, reduce aún más las chances de que esta vía desemboque en acuerdos futuros.
