En un nuevo revés judicial para Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 ordenó al Gobierno garantizar el suministro de alimentos a los sectores más vulnerables. La decisión del juez Walter Lara Correa surge en respuesta a un amparo colectivo impulsado por organizaciones sociales y civiles, lideradas por el abogado y dirigente Juan Grabois.
El fallo exige al Ministerio de Capital Humano no solo garantizar la provisión de alimentos, sino también mantener actualizados los registros de comedores y merenderos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM). Además, la Justicia ordenó que se revisen y eliminen del registro aquellos comedores que no cumplen con los requisitos, dando parcialmente la razón a Pettovello, quien denunció que algunos establecimientos en la lista «no existían».
La Justicia obliga al Ministerio de Capital Humano a brindar informes mensuales sobre la distribución de alimentos
Para cumplir con la sentencia, el Ministerio deberá presentar informes mensuales sobre el avance y cumplimiento de programas clave como el «Plan Nacional Argentina Contra el Hambre» y el «Programa Alimentar Comunidad». Estos informes deben garantizar que se respeten los objetivos de cada plan y que los beneficiarios reciban una alimentación adecuada y suficiente, en línea con el derecho fundamental a la alimentación.
El juez Lara Correa subrayó la importancia de que las políticas alimentarias no sean regresivas ni discriminatorias. En este sentido, el magistrado recordó que el Estado tiene la obligación de implementar políticas inclusivas que protejan a los sectores más desfavorecidos. Además, el fallo sostiene que el Poder Judicial no busca intervenir en las decisiones operativas del Ejecutivo, pero señala que es necesario actuar cuando los derechos de grupos vulnerables se ven amenazados.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones demandantes, destacaron que el fallo es un avance en la protección de derechos fundamentales. Según el CELS, las transferencias monetarias no son suficientes para enfrentar el aumento de la pobreza y la desnutrición en el país. En su opinión, los comedores comunitarios cumplen una función esencial en el apoyo a las personas en situación de extrema pobreza, y el retiro del Estado solo agrava la situación.
La ministra Pettovello, quien ya había recibido orden judicial en julio para mantener los programas de asistencia, enfrenta así una presión creciente para asegurar el abastecimiento de alimentos. En ese momento, el juez Sebastián Casanello ordenó un operativo en los depósitos del Ministerio de Capital Humano en Villa Martelli, donde se almacenaban alimentos destinados a comedores.
Este nuevo fallo, lejos de cerrar el conflicto, pone al Ministerio de Capital Humano bajo la lupa de la Justicia y de la sociedad civil. La continuidad de los programas alimentarios y la transparencia en su implementación serán clave en las próximas semanas, en medio de una crisis económica que ha elevado la pobreza en el país y ha dejado a miles de familias dependientes de la asistencia de comedores comunitarios.
