Con la mira puesta en completar la Corte Suprema antes de finalizar el año, el Gobierno ha decidido redoblar sus esfuerzos, con Santiago Caputo a la cabeza. La nueva estrategia del Ejecutivo implica un claro mensaje a todo el espectro político: Javier Milei no permitirá que la Corte quede con solo tres integrantes tras la salida de Carlos Maqueda, prevista para el 29 de diciembre, cuando el juez cumpla los 75 años. “En enero, la Corte tendrá cinco jueces”, afirmó una fuente de alto rango del oficialismo.
La propuesta del Gobierno se estructura en dos fases. Primero, intentarán alcanzar un consenso en el Senado para obtener los votos necesarios para la aprobación de los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, los candidatos promovidos por la Casa Rosada. Si esta negociación no prospera, el Ejecutivo está dispuesto a optar por una medida más extrema: designaciones por decreto, en comisión, con una validez de un año, tiempo durante el cual debería lograrse el acuerdo del Congreso.
A pesar de que este mecanismo recuerda al intento realizado por Mauricio Macri en 2015, el cual suscitó controversia, hay quienes dudan si Milei se atreverá a utilizarlo para ambos candidatos. También se especula con que García-Mansilla podría no aceptar ser designado bajo este procedimiento.
Búsqueda de apoyo en el Senado
En este contexto, el Gobierno ha iniciado un proceso de negociación intensa, anunciando la presentación de 150 pliegos de jueces ante el Senado la próxima semana. Sin embargo, esta lista está abierta a modificaciones, y los gobernadores, líderes políticos y jefes de bloque tienen la posibilidad de sugerir nombres para cubrir vacantes judiciales en sus provincias.
Durante las últimas horas, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio y el asesor del presidente, han estado muy activos en sus comunicaciones con distintos actores políticos, incluyendo a sectores kirchneristas, en busca de apoyos para avanzar en este plan.
Desde la Casa Rosada consideran que Lijo, pese a las controversias que rodean su figura, podría reunir el consenso multipartidario necesario para lograr los dos tercios requeridos en el Senado. En tanto, las negociaciones actuales se centran principalmente en obtener respaldo para García-Mansilla, quien tiene una visión más afín al libertarismo. En un despacho oficial, se ha instalado una pizarra con las fotos de los senadores para analizar sus posibles apoyos, utilizando un esquema de “semáforo”.
Las diferencias entre ambos candidatos se hacen evidentes en las firmas recolectadas hasta ahora en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta: mientras Lijo cuenta con ocho firmas, con una posible novena si se convence al radical Martín Lousteau, García-Mansilla solo tiene cuatro rúbricas.
El rol del kirchnerismo en las negociaciones
Inicialmente, la estrategia del Ejecutivo buscaba un acuerdo tácito con Cristina Kirchner para la aprobación de los dos nombramientos. Lograr los dos tercios del Senado parecía más fácil si se contaba con el respaldo de los bloques de Unión por la Patria, que reúnen 33 senadores. Durante meses se intercambiaron mensajes entre ambas partes, y la expresidenta llegó a proponer reemplazar a García-Mansilla por una candidata vinculada al Partido Justicialista, o incluso ampliar la Corte a siete o nueve miembros para incluir postulantes de diversos sectores.
Sin embargo, la Casa Rosada rechazó estas propuestas, lo que llevó a una pausa en las conversaciones con el kirchnerismo. Ahora, la estrategia es conseguir votos para García-Mansilla mediante el apoyo del radicalismo y de senadores cercanos a los gobernadores provinciales, lo cual podría provocar una división en el peronismo, dejando aislados a los kirchneristas más duros. “Podemos alcanzar los dos tercios sin necesidad de los votos K”, aseguró un colaborador cercano a Milei.
¿Está completamente descartada la posibilidad de un acuerdo con el kirchnerismo? En realidad, no. En la Casa Rosada creen que las negociaciones podrían reanudarse la próxima semana, especialmente si Kirchner recibe un fallo adverso de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad. Si eso ocurre, la situación judicial de la expresidenta dependerá en gran medida de la Corte Suprema.
Contexto judicial y postura del oficialismo
Pese a la fuerte polarización entre Kirchner y Milei, en el Instituto Patria reconocen que la administración libertaria no ha demostrado intenciones de construir un aparato judicial adverso al kirchnerismo, como sí lo intentó Cambiemos durante su gestión.
“Estamos en una posición favorable para avanzar en el ámbito judicial. Y es cierto que este Gobierno no ha buscado perseguir judicialmente a nadie. Con los 150 pliegos de jueces, el Ejecutivo ha movido el tablero y ahora nadie sabe cuál será el desenlace”, señaló un colaborador del kirchnerismo, familiarizado con el panorama judicial.
La estrategia del Gobierno se centra en ofrecer a los gobernadores la posibilidad de cubrir vacantes en tribunales federales en sus respectivas provincias, esperando que, a cambio, estos orienten a sus senadores a votar a favor de García-Mansilla. Por ejemplo, Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, podría tener interés en las vacantes de los juzgados federales de Bariloche y Viedma, así como en la Cámara Federal de General Roca. De igual manera, Leandro Zdero, gobernador de Chaco, podría estar interesado en el juzgado federal de Sáenz Peña o el tribunal oral de Resistencia. Alfredo Cornejo, de Mendoza, también tendría razones para interesarse en las vacantes de la Cámara Federal de su provincia.
En la Casa Rosada, no obstante, no parece haber intención de consultar al expresidente. La prioridad del Gobierno está enfocada en el diálogo con el Instituto Patria más que en validar decisiones con su aliado natural.
