En el marco de una serie de resoluciones, impulsadas por la vicepresidente Victoria Villarruel, destinadas a reducir la cantidad de agentes en el Congreso, la Cámara Alta finalizó recientemente el vínculo laboral que mantenía con Elena Corregido, exsenadora kirchnerista cuyo mandato se extendió de 2007 a 2013. Al concluir su cargo como legisladora, la chaqueña continuó ocupando un puesto en la planta política. Posteriormente, lo hizo como empleada temporaria con la categoría más alta, A-1.
Según una resolución administrativa firmada por Villarruel, se detalla que Corregido dejó su banca en diciembre de 2013 y fue contratada en la planta política del Senado hasta diciembre de 2015. Luego, fue asignada a la planta temporaria bajo las órdenes de la ex senadora Marina Riofrío, representante de San Juan.
El documento también señala que, a pesar de que la ley del empleado legislativo (24.600) prevé la baja del personal temporario al concluir el mandato de quien propuso su designación, Corregido fue transferida a la Prosecretaría Administrativa del Senado en 2018. Este año, prestó servicios en la comisión de Coparticipación Federal de Impuestos.
Trámite con papeles dudosos
El pasado 27 de junio, la exlegisladora fue intimada por Recursos Humanos del Senado a iniciar su trámite jubilatorio, con un plazo de 30 días. Ante este requerimiento, Corregido presentó una renuncia condicionada, pero, según la documentación oficial, no acompañó el trámite con la constancia de turno de la ANSeS, necesaria para avanzar con el proceso jubilatorio.
Otro aspecto clave considerado en la resolución fue que Corregido no cumplía con los 10 años de servicio necesarios para acceder a ciertos beneficios. Por lo tanto, no correspondía el pago por servicios cumplidos establecido en la Resolución Conjunta 11/12, ni su continuidad como agente del Senado. Así quedó estipulado en los artículos 1 y 2 de la resolución administrativa 1070/24, emitida el pasado 9 de octubre.
La gestión de la vicepresidente en el Senado
Hacia finales de octubre, Villarruel mantuvo una reunión con los principales sindicatos del Congreso. En la ocasión, se discutieron los 56 despidos realizados en la Cámara alta como parte de un conjunto de decretos. Tras el encuentro, ambas partes describieron la reunión como «buena y cordial», y quedó el compromiso de revisar ciertos casos específicos donde existieran diferencias de interpretación.
Las decisiones de Villarruel fueron tomadas en base a las conclusiones de la Comisión de Análisis de Dotación (CAD), creada en mayo de este año. Los sindicatos, sin embargo, se negaron a participar, incluso de forma informal. Desde la llegada de la nueva gestión al Senado, más de 400 personas ya han sido cesadas en sus funciones.
