El Gobierno nacional le suspendió este jueves la jubilación de privilegio y pensión de Néstor Kirchner a la expresidenta Cristina Kirchner, tras la confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Sin embargo, la administración de Javier Milei irá por más, al anunciar que se dará de baja la pensión a personas que estén en «similares condiciones» a la de la titular del Partido Justicialista (PJ).
«Algunos están consultando si la asignación de privilegio que cobran otras personas en similares condiciones se darán también de baja. La respuesta es la obvia: por supuesto», anunció el vocero presidencial Manuel Adorni en sus redes sociales poco después de anunciar la quita que se realizó a Cristina Kirchner.
Sí se confirmó también la quita de la jubilación de privilegio al ex vicepresidente Amado Boudou, quien recibió en diciembre de 2020 la ratificación de la condena de 5 años y 10 meses que había dictado un tribunal oral en 2018, cuando la Corte Suprema rechazó todos los recursos que había presentado en el caso Ciccone.
Sin embargo, por sus 1461 días en los que estuvo como vice de Cristina Kirchner, Boudou percibía en el mes de mayo de este año de acuerdo a un pedido de información pública que hizo este medio, $ 6.309.622 en concepto de pensión vitalicia.
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Motosierra en las jubilaciones de privilegio
Si bien no se especificaron más las personas que se verán incluidas en esa suspensión, sí se pueden pensar en algunas de ellas. Una de ellas es el expresidente Alberto Fernández que actualmente está imputado en la causa Seguros y por, supuestamente, ejercer violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yáñez. Según fuentes oficiales, Alberto Fernández recibía, en agosto, una suma neta (en bolsillo) de $13.800.418,46 por su jubilación de privilegio, un beneficio jubilatorio vitalicio para expresidentes y vicepresidentes que otorga la Ley 24.018.
Previamente, Diputados del PRO presentaron proyectos de ley para eliminar las pensiones vitalicias de privilegio a expresidentes y exfuncionarios condenados por delitos penales, con el apoyo del presidente Javier Milei. Silvana Giudici propuso retirar honores y pensiones a funcionarios condenados por delitos cometidos durante su gestión, mientras que Damián Arabia presentó una iniciativa similar enfocada en expresidentes y vicepresidentes, incluyendo delitos cometidos después de su mandato.
