El juez federal Ariel Lijo pidió la captura internacional de varios altos funcionarios de Nicaragua por presuntas «graves violaciones de derechos humanos«, incluyendo al presidente Daniel Ortega; su vice, Rosario María Zambrana Murillo; y otros 16 ministros que fueron investigados por Argentina en base al principio de justicia universal.
Los abogados Diego Pirota y Darío Richarte comenzaron al investigación contra el Gobierno de Nicaragua, denunciando «violaciones de derechos humanos en las cuales habrían participado altas autoridades de la República de Nicaragua». El expediente se abrió el 26 de agosto de 2022 y entre los crímenes de lesa humanidad se detallaron: asesinatos, desapariciones forzadas, persecución política, desplazamientos forzados y tortura.
«Este fallo no es el final, pero sí un enorme paso adelante para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas«, declaró Richarte sobre la resolución de Lijo. Por su parte, el juez advirtió: «Recuérdese que el plan estratégico de represión desplegado en Nicaragua involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado». La investigación cubre denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Ortega y Murillo desde abril de 2018.
Los crímenes por los que se acusó a Ortega y Murillo
Lijo detalló la acusación e imputó al régimen de Ortega y Murillo por «haber desarrollado un plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil de la República de Nicaragua, que tuvo por objetivo la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de sectores disidentes». «Se valieron de la estructura estatal, amparándose en los roles institucionales de cada interviniente para llevarlo a cabo», agregó.
«Se realizaron encarcelamientos arbitrarios, actos de tortura, asesinatos, desaparición forzosa de personas, deportaciones, traslado forzado de la población, censura mediática, suspensión de las matrículas de profesionales habitantes, privación de atención médica, persecución política y religiosa, cancelación de personería jurídica y quita de nacionalidad», detallaron desde la fiscalía sobre los diversos crímenes que habría cometido el régimen denunciado.
