El Gobierno intensifica acciones para prevenir un efecto dominó en el sector agropecuario tras la cesación de pagos de empresas emblemáticas como Los Grobo, Surcos y Agrofina. Estos casos encendieron alarmas en el mercado financiero, llevando a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a implementar cambios en la normativa para las reestructuraciones de deuda más utilizadas en el sector, como los cheques de pago diferido y los pagarés bursátiles.
Cambios en la normativa tras los defaults
La CNV ajustó su regulación mediante la Resolución General N.º 1041, que introduce mayores requisitos para emisores y agentes del mercado. Estas modificaciones buscan garantizar la transparencia y proteger a los inversores en los procesos de canje o renegociación de pasivos. “Se suman requerimientos de información hacia los inversores, asegurando que cuenten con datos completos para tomar decisiones”, señaló la entidad reguladora.
El ajuste responde a casos como el de Surcos, que incumplió pagos por 3,5 millones de dólares y más de 9.000 millones de pesos. La empresa enfrenta un embargo y una denuncia judicial por emitir obligaciones negociables sin informar su situación financiera real, lo que constituye un delito según el artículo 309 del Código Penal.
Los Grobo y la crisis de iliquidez
El grupo Los Grobo, que incluye a Agrofina y Los Grobo Agropecuaria, anunció su imposibilidad de pagar pagarés bursátiles por un total de 10 millones de dólares hasta marzo de 2025. La empresa, controlada por Victoria Capital Partners, explicó que atraviesa una “situación de iliquidez transitoria” en un mercado en retracción. A pesar de la crisis, aseguraron estar evaluando alternativas para cumplir con sus compromisos financieros y priorizar su relación con productores y clientes.
Un mercado en tensión
El incumplimiento de estas compañías generó preocupación por un posible efecto cascada en otras firmas del sector, lo que llevó al Gobierno de Javier Milei a reforzar controles y discutir medidas con las entidades agropecuarias. Los ajustes normativos impactarán principalmente en instrumentos como los cheques de pago diferido y los pagarés bursátiles, utilizados frecuentemente por empresas agropecuarias para financiarse en condiciones más flexibles que las obligaciones negociables tradicionales.
La respuesta del Ejecutivo
Desde el Ejecutivo, destacan que estas medidas apuntan a fortalecer la confianza en el mercado de capitales y evitar nuevas cesaciones de pago que puedan desestabilizar el sector agropecuario. Además, se busca garantizar que los inversores cuenten con información clara y veraz sobre las empresas emisoras, un requisito esencial para la estabilidad financiera.
Perspectivas y desafíos en el sector agropecuario
El caso de Los Grobo y otras empresas plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del sector agropecuario, especialmente en un contexto de menor liquidez. Mientras tanto, la continuidad de los derechos de exportación sigue siendo un tema central en las negociaciones entre el Gobierno y las entidades agropecuarias.
La crisis de pagos en el sector agropecuario obliga a un replanteo de las normativas para evitar futuros defaults y proteger a los inversores. Con las nuevas disposiciones de la CNV, el Gobierno busca mitigar riesgos en un mercado clave para la economía argentina, asegurando mayor transparencia en los procesos de financiamiento.
