Un informe presentado por una ONG de derechos humanos ha expuesto las deplorables condiciones en las que se encuentran los opositores presos en Venezuela, agravadas tras las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024 donde Nicolás Maduro se autoproclamó ganador. Entre las denuncias se mencionan celdas inhumanas, torturas, alimentos en mal estado y la negación de derechos básicos como visitas de familiares y acceso a abogados.
El reporte, titulado «Prisiones injustas, celdas inhumanas”, fue elaborado por el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) y documenta las condiciones en centros de detención emblemáticos como El Helicoide, El Rodeo I, Tocuyito, Tocorón y Yare III. «En estos lugares, se han reportado casos de tortura, malos tratos, aislamiento prolongado y la ausencia total de garantías legales», denuncia el informe.
Desde las elecciones del 28 de julio, en las que la oposición denunció fraude, más de 2.400 personas fueron detenidas. «En solo 16 días se registraron un promedio de 150 detenciones diarias», señala el documento, que también denuncia la detención arbitraria de menores de edad, quienes habrían sido sometidos a torturas y tratos degradantes.
El informe enfatiza que estas prácticas no son casos aislados, sino una «estrategia sistemática de persecución política, detenciones arbitrarias, tortura y, en algunos casos, asesinato, con el objetivo de silenciar la disidencia». Esta situación constituye, según los activistas, crímenes de lesa humanidad.
A pocos días del traspaso presidencial, la violencia en Venezuela podría escalar
Mientras tanto, Nicolás Maduro se prepara para asumir un nuevo mandato el próximo 10 de enero, en medio de la presión internacional y la negación de su victoria electoral por parte de la oposición. Edmundo González Urrutia, el candidato opositor exiliado en España, asegura que regresará al país para asumir la presidencia.
El clima político en Venezuela sigue tenso, con el chavismo organizando movilizaciones a favor de Maduro y los familiares de los presos políticos exigiendo su liberación.
El documento también destacó que, aunque más de 900 detenidos han sido liberados, las condiciones extremas de quienes permanecen en prisión son un recordatorio trágico de la crisis de derechos humanos en Venezuela.
