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POLÍTICA

«Chocolate» Rigau: la Justicia extendió la investigación y analizarán hasta contrataciones de 2002

La Justicia comenzaría a investigar contrataciones de más de 21 años de antigüedad por la posible implicación de uno de los imputados.

Buenos Aires

La fiscal Betina Lacki decidió ampliar temporalmente el periodo de investigación en la causa de administración fraudulenta contra Julio «Chocolate» Rigau y sus jefes inmediatos, Facundo y Claudio Albinil. Desde la justicia se planteó que sus actividades podrían rastrearse hasta 2002, marcando más de 21 años de delitos en la provincia de Buenos Aires .

«En virtud de las constancias reunidas en autos, este Ministerio Público Fiscal realizó una ampliación respecto al alcance temporal«, informó la fiscal y precisó que las nuevas fechas a investigar cubrirían desde el 1 de enero de 2002 hasta el 9 de septiembre de 2023. En un principio, la fiscalía consideró que los delitos tenían cerca de 3 años de antigüedad debido a una conversación que el ex concejal Facundo Albini tenía en su teléfono. El 27 agosto de 2023, Albini escribió a Rigau: «Te llevas 200 por mes hace tres años, y cuando te necesito no estás«.

La causa se amplió cuando la Justicia tomó en consideración que los contratos de los empleados municipales utilizados en la maniobra databan de 2012. Así, gracias a un informe de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal, se estimó que el prejuicio económico causado a la Provincia de Buenos Aires ascendió a cerca de 800 millones de pesos. Ahora, por el planteo de Lacki, la suma podría ser mucho mayor.

La pista que impulsó la extensión del alcance temporal fue la contratación de la esposa de Claudio Albini, que entró a trabajar en la municipalidad en 2002. La justicia investiga varios grupos de contratos de «ñoquis» a quienes pertenecerían las 48 tarjetas secuestradas a Rigau: 8 empleados en 2020, 17 contratados en 2012, y el último grupo agregado, el de 2002.

Con la nueva fecha, la estimación del dinero sustraído gracias a las tarjetas y sueldos podría alcanzar los 4 mil millones de pesos. El juez de Garantías encargado, Federico Guillermo Atencio, que con el desarrollo de la pesquisa podría detectarse «un acto de corrupción de inmensurable trascendencia«.