La reciente reforma tributaria promovida por el gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha generado controversia debido a su propuesta de gravar con IVA las importaciones de bajo valor.
Las importanciones que tengan un costo menor a 200 dólares serán las afectadas. Según el gobierno de Petro, esta iniciativa busca equilibrar la competencia entre el comercio local y las grandes plataformas internacionales. Sin embargo, enfrenta críticas porque podría estar infrigiendo el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, vigente desde 2012.
El TLC establece un umbral de exención tributaria para productos de bajo valor, facilitando el comercio y beneficiando a los pequeños consumidores. Para algunos analistas, la imposición del impuesto viola este acuerdo y podría desencadenar tensiones comerciales con Estados Unidos, el principal socio económico de Colombia.
Un debate entre comercio local y acuerdos internacionales
El gobierno de Petro justifica la medida como una herramienta para proteger a los pequeños y medianos empresarios colombianos, quienes compiten con las plataformas internacionales que, según afirman, disfrutan de ventajas fiscales. No obstante, representantes del sector empresarial advierten que este gravamen podría aumentar los costos para los consumidores, reducir las importaciones legales y fomentar el contrabando. Además, algunos expertos en comercio internacional han señalado que estas políticas pueden deteriorar las relaciones bilaterales.
La meta de Gustavo Petro de recaudar para el gasto social
La reforma tributaria tiene como objetivo recaudar 11,8 billones de pesos en 2025, destinados a financiar programas sociales y reducir la desigualdad. Según el Ministerio de Hacienda, estos recursos son fundamentales para atender desafíos prioritarios, como el fortalecimiento de la educación, la salud pública y la reducción de la pobreza. A su vez, la reforma plantea otros ajustes, incluyendo nuevos impuestos a sectores específicos y cambios en el esquema general del IVA.
Algunos analistas advierten que esta medida podría exponer a Colombia a procesos de arbitraje internacional y afectar la confianza de los inversionistas extranjeros. Más allá de los riesgos legales, también está el impacto sobre sectores estratégicos que dependen de las exportaciones hacia Estados Unidos.
El futuro de esta propuesta se definirá en el Congreso, donde el proyecto avanza en medio de debates acalorados. Sectores empresariales y analistas económicos insisten en la necesidad de abrir un diálogo más amplio, considerando las implicaciones diplomáticas y su posible impacto en los consumidores
En este contexto, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta el reto de garantizar una reforma equilibrada que no solo recaude recursos esenciales, sino que también respete los compromisos internacionales y preserve la competitividad del comercio local.
Impacto fiscal en el sector petrolero
La reforma tributaria en cuestión también propone un aumento de la sobretasa al impuesto de renta cuando el precio del crudo Brent supere ciertos niveles históricos. Esta medida aplicaría la sobretasa a empresas con una renta gravable igual o superior a 50.000 UVT (aproximadamente 2.353.250 millones de pesos). Sin embargo, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) advirtió que esta medida podría incrementar la carga fiscal del sector hasta un 55%, considerando los pagos de regalías y otras contribuciones que la industria ya realiza al Estado.
En este contexto, el gobierno enfrenta el reto de equilibrar sus objetivos fiscales con los compromisos internacionales, mientras intenta mantener la competitividad de sectores estratégicos como el petrolero y el comercio local.
