Organismos de derechos humanos y gremios denunciaron el plan del gobierno de Javier Milei para desmantelar la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), lo que podría dejar a más de 600 trabajadores sin empleo y paralizar áreas clave como los sitios de memoria. En respuesta, convocaron a un abrazo simbólico en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ubicado en la exESMA, para este viernes a las 17 horas.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informaron que el Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, implementó un plan de retiros voluntarios que afecta a 2231 contratados. Aquellos que no adhieran enfrentarían despidos sin indemnización. La SDH, que contaba con más de 1000 empleados en diciembre pasado, ya sufrió una reducción significativa en su personal.
Críticas desde los organismos de derechos humanos
Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, calificó el plan como «inhumano» y llamó a participar en el pañuelazo en la exESMA. «En el pañuelo blanco están los 30.000 detenidos-desaparecidos diciendo presente. No nos han vencido», expresó. Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, denunció que «en la SDH no sobran trabajadores, sobran el secretario Baños y el ministro Cúneo Libarona».
El desmantelamiento afecta funciones esenciales como la conservación y educación en los sitios de memoria. Según ATE, la falta de personal dificulta incluso tareas básicas como la limpieza y preservación de estos espacios. Octavio Rampoldi, delegado del gremio, señaló: «No solo están echando a los trabajadores, tampoco hay ya políticas de derechos humanos».
Rechazo generalizado y llamado a la solidaridad
Más de 50 espacios de memoria y organizaciones sociales se sumaron al repudio. Desde H.I.J.O.S, acusaron a Milei y Villarruel de usar el desmantelamiento para fomentar el negacionismo. «Esto va desde la crueldad del despido a lo funcional para la apología del terrorismo de Estado», indicaron.
ATE presentó una medida cautelar para frenar los despidos. Si bien no fue concedida, el juez Juan Carlos Cerutti instó a conformar una mesa de diálogo entre el gremio, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Trabajo para proteger la paz social.
El abrazo simbólico busca ser una demostración masiva de rechazo a la política de desguace. Alejandrina Barry, exlegisladora del FIT, advirtió: «Estamos ante un ataque enorme a las políticas de memoria, verdad y justicia. Tenemos que rodear a los trabajadores de solidaridad e impedir que esta política avance».
