El Senado argentino enfrenta una semana clave para decidir el destino de Edgardo Kueider, el legislador entrerriano detenido en Paraguay junto a su secretaria con más de USD 200.000 en efectivo. El episodio desató tensiones políticas y planteó un delicado debate: la expulsión inmediata del senador, como exige el kirchnerismo, o un proceso más reflexivo que permita analizar su situación judicial.
Ante la presión por una decisión rápida, sectores oficialistas y opositores impulsan un enfoque que incluye dos pasos concretos. Primero, solicitar a Paraguay un informe detallado sobre el caso, utilizando los canales formales de la Presidencia del Senado, liderada por Victoria Villarruel. Segundo, activar la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el propio Kueider, para evaluar tanto la solicitud de licencia presentada por el legislador como la posible remoción exigida por el kirchnerismo.
Un senador opositor explicó la importancia de un proceso cuidadoso: «Si abrimos la puerta a expulsiones exprés, creamos un precedente peligroso. Todos los legisladores tienen derecho a defenderse. Si no, cualquier acusación podría convertirse en una herramienta política para expulsar a quien incomode».
Desde otros bloques también subrayaron la necesidad de garantizar un debido proceso. «Si la secretaria declaró que el dinero era suyo, corresponde que Kueider tenga la oportunidad de presentar sus argumentos. Además, como Senado, debemos exigir información oficial a Paraguay antes de tomar una decisión definitiva», señaló un dirigente.
Pedido de licencia: un intento por calmar las aguas
Kueider presentó un pedido de licencia sin plazo definido, en un intento por descomprimir la presión política y garantizar que se lleve a cabo una investigación transparente. En un comunicado, afirmó: «Mi decisión busca que no haya impedimentos para la investigación y que se activen todos los mecanismos institucionales necesarios para esclarecer los hechos».
Sin embargo, esta medida no parece haber frenado las ambiciones del kirchnerismo, que busca removerlo del Senado de manera inmediata.
Trasfondo político: una banca clave
El interés del kirchnerismo por una expulsión rápida no es casual. Si Kueider es removido, su reemplazo sería Stefanía Cora, una referente camporista. Esto aumentaría la representación del kirchnerismo en el Senado, pasando de 33 a 34 bancas y quedando a solo tres escaños del quórum propio.
El contexto político añade complejidad al debate. Kueider, quien ingresó al Senado en 2019 bajo el ala del kirchnerismo, rompió con el espacio en 2023 y se unió al interbloque Provincias Unidas, conocido por sus lazos con el Gobierno de Javier Milei. Este cambio generó tensiones que ahora emergen con fuerza tras su detención.
Opiniones divididas en la Cámara Alta
Mientras el kirchnerismo exige rapidez, otros sectores del Senado piden cautela. Desde el oficialismo, un legislador expresó:
«El episodio es un escándalo, pero no podemos entregarle una banca al kirchnerismo sin un proceso justo. Ellos mismos defendieron en su momento a figuras cuestionadas como José Alperovich, y ahora exigen velocidad. La coherencia parece estar ausente».
Además, se mencionaron las contradicciones del kirchnerismo respecto a la ética legislativa: «Reclaman expulsiones inmediatas, pero rechazan proyectos como Ficha Limpia que buscan mejorar la transparencia política. Si aplicamos esos estándares, Cristina Kirchner no podría ser candidata en 2025».
El futuro de Kueider: ¿expulsión o debate amplio?
Para que el Senado vote su remoción este jueves, se necesitará quórum y dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento sobre tablas. Sin embargo, los plazos reglamentarios y la falta de un dictamen previo complican esta opción.
Por ahora, la posibilidad más concreta parece ser un análisis en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se discutirá tanto el pedido de licencia de Kueider como la solicitud de su expulsión. Esto permitiría a los legisladores evaluar el caso con mayor profundidad y evitar decisiones apresuradas.
Un precedente para la política argentina
El caso de Kueider no solo pone en juego el equilibrio de fuerzas en el Senado, sino que también abre un debate sobre los mecanismos de transparencia y la responsabilidad política en el país. Mientras algunos buscan aprovechar el escándalo para fortalecer su posición, otros insisten en la necesidad de garantizar procesos justos y evitar que las acusaciones se conviertan en armas políticas.
El desenlace no solo definirá el futuro de un legislador, sino que también marcará un precedente sobre cómo se manejan las crisis éticas en la política argentina.
