Un reciente informe de la Fundación Libertad dejó al descubierto el exorbitante gasto público que representan los concejos deliberantes en numerosos municipios del país. Este análisis abarca 55 jurisdicciones y detalla cómo los recursos de los contribuyentes son empleados en mantener estructuras sobredimensionadas, muchas veces alejadas de las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Los resultados son alarmantes y colocan a municipios como San Miguel de Tucumán, bajo la conducción peronista, en el centro de las críticas por su evidente irresponsabilidad fiscal.
El caso más representativo es el de San Miguel de Tucumán, donde 18 concejales demandan un presupuesto anual de $12.028,9 millones, lo que equivale a $668,2 millones por edil. Este monto exorbitante lo ubica como el municipio con el costo más alto por concejal, reflejando la mala administración de recursos públicos en una provincia que enfrenta problemas significativos de pobreza y falta de infraestructura básica.
El hecho de que este gasto se destine principalmente al sostenimiento de una estructura burocrática desproporcionada y no a mejoras tangibles para la población, evidencia el fracaso de un modelo de gestión que prioriza intereses políticos por encima del bienestar ciudadano.
El gasto excesivo en otras ciudades
Aunque San Miguel de Tucumán encabeza la lista, no es un caso aislado. Río Gallegos, en Santa Cruz, destina $4.475 millones a sus siete concejales, lo que implica un costo anual de $639,3 millones por legislador. Por su parte, San Salvador de Jujuy, con 12 ediles, registra un gasto de $564 millones por concejal. Posadas, en Misiones, es otro ejemplo preocupante, no solo por su alto presupuesto de $5.578 millones para 13 concejales ($429 millones por edil), sino porque cada legislador cuenta con un promedio de 122 empleados. Este nivel de personal no solo es innecesario, sino que también agrava la percepción de un despilfarro institucionalizado.
Los contrastes: ejemplos de moderación
En contraposición, algunas ciudades como Córdoba y Rosario presentan modelos más austeros. Córdoba tiene el promedio más bajo de empleados por concejal, con apenas ocho personas por edil, mientras que Rosario destina el 68,52% de su presupuesto a personal, siendo una de las cifras más moderadas entre las ciudades analizadas. Sin embargo, estos casos son excepcionales en un panorama general de derroche de recursos.
El informe de la Fundación Libertad también revela que, en promedio, el gasto por habitante destinado a los concejos deliberantes asciende a $6.344 anuales. Este dato subraya la falta de equidad en la asignación de recursos, considerando que muchas de estas provincias enfrentan déficits en áreas críticas como salud, educación e infraestructura. Además, la dependencia del presupuesto para sostener personal representa, en promedio, el 87,4% del gasto total de los concejos, lo que evidencia una estructura orientada más a mantener el aparato político que a generar valor para la sociedad.
El impacto del despilfarro en el descontento social
Este análisis se publica en un momento en que el aumento de sueldos en el Senado de la Nación generó gran indignación. Desde enero, los legisladores nacionales percibirán sueldos superiores a $9,5 millones mensuales, un ajuste que se suma al 400% de aumento aprobado en abril. Estas cifras alimentan la desconfianza social y colocan bajo la lupa la gestión de los recursos públicos a todos los niveles del Estado.
La urgencia de una reforma estructural
La falta de racionalidad en el gasto público en municipios como San Miguel de Tucumán, Río Gallegos y Posadas es un llamado de atención para todo el país. Los gobiernos provinciales y municipales deben asumir la responsabilidad de reformar estas estructuras ineficientes y eliminar gastos superfluos que no benefician directamente a la ciudadanía. En un contexto económico complejo, resulta imperativo priorizar el bienestar colectivo y garantizar un manejo responsable y transparente de los fondos públicos. Los contribuyentes merecen un Estado que administre sus recursos con eficiencia y enfoque en las necesidades reales de la población.
