Este jueves, el Congreso de España aprobó una iniciativa del Partido Popular (PP) que pide al Gobierno que solicite una orden de arresto contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por crímenes de lesa humanidad. La medida recibió el apoyo de Vox y la abstención de los partidos Junts y PNV, mientras que el PSOE, Sumar y Podemos votaron en contra.
La proposición del PP, que no tiene carácter legislativo, insta al Ejecutivo español a emitir un comunicado público exigiendo a Maduro el cese inmediato de la represión en Venezuela y la liberación de los presos políticos. Además, reclama al Gobierno que se adhiera a una demanda presentada en 2018 ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) y pida avances en el caso Situación Venezuela 1, solicitando la emisión de una orden de arresto contra Maduro y otros responsables de violaciones de derechos humanos.
Una nueva presión sobre el gobierno de Maduro
El texto aprobado también insta a España a respaldar los informes de las Naciones Unidas sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y solicita que se presente un informe al Congreso sobre las acciones llevadas a cabo por la Embajada de España en Caracas en defensa de los derechos de los ciudadanos españoles víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Durante la intervención, Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP, acusó al gobierno de Pedro Sánchez de ignorar las decisiones del Congreso y de actuar con indiferencia frente a lo que calificó como una dictadura en Venezuela. Según Álvarez de Toledo, el país sudamericano se ha convertido en un “campo de torturas”, y criticó a aquellos que, según ella, no toman medidas contra el régimen de Maduro.
El apoyo de Vox y la resistencia de la izquierda
La votación se dio en un clima de polarización política, ya que mientras que el PP y Vox defendían la iniciativa como una forma de presionar al régimen venezolano, los partidos de izquierda, como el PSOE, Sumar y Podemos, se opusieron a ella. Para estos grupos, la medida podría tensar las relaciones diplomáticas con Venezuela sin ofrecer soluciones efectivas a la crisis que vive el país.
El gobierno español, por su parte, se ha mantenido en una posición más cautelosa, buscando un equilibrio entre la condena a las violaciones de derechos humanos en Venezuela y el mantenimiento de relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro. Sin embargo, la presión interna y externa sobre el presidente español aumenta, dado que el PP ha presentado esta iniciativa como un mandato moral para tomar una postura más firme contra el gobierno venezolano.
Con la aprobación de esta proposición, el Congreso español refuerza su papel en la diplomacia internacional y muestra su preocupación por la situación en Venezuela, mientras que la comunidad internacional sigue esperando pasos más concretos en la lucha contra la dictadura y las violaciones a los derechos humanos en ese país.
