El fiscal federal Eduardo Taiano, junto a su secretario Hernán Kleiman, envió un oficio a la Casa Rosada solicitando formalmente la desclasificación de archivos secretos del sistema de Inteligencia Nacional en el marco de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Este pedido a Javier Milei llega a pocos días de cumplirse el décimo aniversario del hallazgo de su cuerpo, el 18 de enero de 2015, en su departamento del complejo Le Parc.
La requerimiento abarca no solo los archivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sino también documentación de las fuerzas de seguridad y del Ejército. Según fuentes del caso, en su momento el expresidente Mauricio Macri había ordenado la desclasificación de algunos documentos clave, pero a medida que la investigación avanzó, emergió la necesidad de acceder a más información. Hasta ahora, las respuestas de las autoridades se habían limitado a que lo solicitado excedía los alcances de las desclasificaciones previas, establecidas por el entonces jefe de la AFI, Gustavo Arribas.
El objetivo principal de este pedido es esclarecer el alcance de la inteligencia operativa durante los momentos críticos que rodearon la muerte de Nisman. Particularmente, los investigadores buscan determinar cómo operaba la estructura de inteligencia dirigida por César Milani, entonces jefe del Ejército, y su posible vinculación con el caso.
Un caso que conmocionó al país
El 18 de enero de 2015, el cuerpo del fiscal federal Alberto Nisman fue hallado con un disparo en la cabeza, apenas un día antes de que se presentara ante el Congreso los detalles de su denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios por supuesto encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994. Esa denuncia señalaba también a un espía inorgánico y a sectores vinculados a los iraníes acusados por el ataque que causó la muerte de 85 personas.
Los principales imputados en la causa por la muerte de Nisman son Diego Lagomarsino, el técnico informático que le proporcionó el arma, y los cuatro custodios que tenían la responsabilidad de proteger al fiscal durante los días previos a su fallecimiento. Sin embargo, en los últimos años, la investigación ha puesto mayor énfasis en el entramado de espionaje que rodeó al caso.
Las denuncias sobre inteligencia paralela
La figura de Antonio “Jaime” Stiuso, exagente de inteligencia, ocupa un lugar central en el caso. En 2014, Stiuso denunció la existencia de una red de inteligencia paralela dentro del Ejército, supuestamente dirigida por Milani. Según su testimonio, esa red contaba con equipos de escucha telefónica ilegal y operaba desde el Edificio Libertador, sede del Ejército, y otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como el Obelisco.
Stiuso afirmó que estas operaciones involucraban el uso de “valijas” que podían interceptar comunicaciones dentro de un radio de 200 metros, una práctica que calificó como completamente ilegal. A pesar de estas denuncias, el juez Claudio Bonadio había cerrado inicialmente la causa, aunque posteriormente la Cámara Federal ordenó reabrirla y tomar declaración a Stiuso.
Expectativas tras el pedido de desclasificación
Con este nuevo pedido, el fiscal Taiano busca obtener acceso a información que podría arrojar luz sobre las actividades de inteligencia durante los días previos a la muerte de Nisman. La solicitud incluye documentación que podría revelar posibles movimientos de espías, monitoreo de comunicaciones y otras actividades relacionadas con la seguridad del fiscal.
El caso Nisman, que ya cumple una década, sigue siendo uno de los episodios más controversiales y emblemáticos de la historia judicial y política argentina. La desclasificación de estos documentos podría ser clave para esclarecer los hechos y cerrar uno de los capítulos más oscuros del país.
