El Gobierno de Javier Milei profundizó su plan de ajuste del gasto público con una nueva tanda de recortes, que esta vez impactaron en el Ministerio de Justicia. En una medida que busca desarticular mecanismos que calificó como «irregulares y espurios», el Ejecutivo anunció el despido de 2.400 empleados y la eliminación de incentivos por capacitaciones, que, según denuncian, se habían transformado en “sueldos encubiertos” sin una contraprestación efectiva.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada afirmó: «Se eliminaron dos nuevos curros de la política relacionados al rubro automotor. El Ministerio de Justicia finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares que se realizaron a través del Ente Cooperador Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina, conocido como ACARA. Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas, por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público”.
Adorni también detalló la supresión del pago de incentivos, un adicional que representaba un gasto anual de 15.600 millones de pesos. Si bien ese monto estaba originalmente destinado a fomentar capacitaciones del personal del Ministerio de Justicia, el portavoz denunció que con el tiempo «se desvirtuó y terminó siendo parte del sueldo sin justificación alguna”.
En la misma línea, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respaldó la decisión al señalar que las contrataciones permitían «esquivar controles» y emplear personal fuera del marco regulatorio de la administración pública. “Esto recién empieza, vamos a seguir ajustando cada privilegio y cerrando las cajas de la política. Se terminó la joda”, agregó.
La estrategia del ajuste estatal
La reducción de empleados públicos es uno de los ejes centrales del plan de ajuste estructural que Milei prometió durante la campaña y que viene ejecutando desde su asunción en diciembre pasado. La reducción del empleo público es uno de los ejes centrales de esta estrategia: según cifras oficiales, 34.000 empleados fueron desplazados en el primer año de gestión. El Presidente anunció que la meta es alcanzar los 70.000 despidos, un número que responde a su objetivo de “achicar el Estado” y terminar con lo que considera «cajas políticas y privilegios heredados”.
«Echamos a 34.000 empleados públicos y les estamos tomando examen de idoneidad a los demás. Muchos empleados que se creían seres superiores ahora entienden que son servidores públicos», había afirmado Milei en su balance del primer año de gestión, ratificando su intención de avanzar con una “motosierra” en las estructuras estatales.
Un golpe directo a la UTA
En paralelo, la Secretaría de Transporte anunció la eliminación de la exclusividad que la Unión Tranviarios Automotor tenía en las capacitaciones obligatorias para los conductores profesionales. Desde 2019, el gremio recibía alrededor de 11.000 millones de pesos anuales por estas formaciones a través de la Asociación para Educación y Formación de Trabajadores del Transporte de Pasajeros.
A partir de ahora, cualquier prestador privado que cumpla con los requisitos podrá ofrecer estas capacitaciones, lo que abre el juego a la competencia y termina con un “monopolio sindical” que, según el Gobierno, respondía más a intereses políticos que a necesidades reales del sector.
El secretario de Transporte, Franco Mogetta, celebró la medida:
«Un kiosco menos del sindicalismo en Argentina. Estamos dando la batalla cultural e igualando la cancha para todos los argentinos. Repetiremos como un mantra: privilegios para nadie, competencia para todos”.
La medida modifica el artículo 71 de la disposición 48/2019, que había otorgado la exclusividad a la AEFTP, vinculada a la UTA, y establece la creación de un Registro de Prestadores de Evaluación y Formación Profesional de Conductores. Desde el Ejecutivo aseguran que este cambio «garantizará una mayor transparencia y eficiencia” en las capacitaciones, además de reducir costos y abrir nuevas oportunidades en el sector.
Impacto económico y reacción política
Las medidas anunciadas no solo tienen un impacto económico, al eliminar gastos considerados innecesarios, sino también un claro componente político. La decisión de avanzar sobre contratos irregulares y estructuras monopólicas refuerza el mensaje libertario de terminar con “la casta política y sindical”, un discurso que Milei capitaliza desde la campaña y que sigue resonando entre sus votantes.
Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Voces opositoras denunciaron que los despidos masivos afectan a trabajadores que no tienen responsabilidad sobre las irregularidades denunciadas, mientras que algunos sectores sindicales calificaron la medida como “persecución política”. A pesar de esto, el Gobierno mantiene su postura firme y promete avanzar con más ajustes en el corto plazo.
Con los 2.400 despidos en Justicia y el golpe a la UTA, el gobierno de Milei refuerza su imagen de ajuste estructural, con una estrategia clara de eliminar estructuras heredadas que, según el oficialismo, frenan la eficiencia y el desarrollo económico.
