El Gobierno de Javier Milei ha decidido posponer nuevamente el proceso de privatizaciones de las empresas del Estado. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se extendió por 60 días el plazo previsto para que estas empresas se conviertan en sociedades anónimas, un paso necesario antes de avanzar con las privatizaciones. Este es el segundo aplazamiento, después de que a fines de junio se decidiera una primera prórroga de seis meses.
El decreto, firmado por Milei y su gabinete, establece que la prórroga entrará en vigor a partir de la fecha de su emisión, en un contexto de emergencia económica, financiera y social declarado por el gobierno. Milei había informado a su llegada a la presidencia sobre la emergencia pública en diversas áreas del país, con un plazo hasta diciembre de 2025 para implementarla.
Un nuevo plazo para privatizar empresas del Estado
La decisión de posponer por segunda vez el proceso de privatización tiene como objetivo ganar tiempo para cumplir con la Ley General de Sociedades N° 19.550, que establece los procedimientos necesarios para transformar las empresas públicas en sociedades anónimas. A través de esta medida, el Ejecutivo busca seguir adelante con su plan de achicar el Estado y fortalecer el equilibrio fiscal, un eje central de la gestión libertaria de Milei.
El proceso de privatización es parte de una serie de reformas estructurales que el gobierno busca implementar. El titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, Diego Chaher, es el encargado de liderar los esfuerzos para la venta de estas empresas. El gobierno evalúa varios mecanismos para avanzar con las privatizaciones, incluyendo licitaciones, ofertas públicas iniciales (IPO) y la posibilidad de ceder acciones a los empleados de las compañías.
Los desafíos de la privatización y las alternativas en debate
Las privatizaciones enfrentan desafíos tanto legales como políticos. Para llevar a cabo la venta de las empresas, el Ejecutivo requiere la aprobación del Congreso, lo que podría generar resistencias en ciertos sectores políticos. Además, otra de las alternativas sobre la mesa es la venta de los terrenos de las empresas a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en lugar de privatizarlas directamente.
A medida que el gobierno avanza en su proceso de privatizaciones, es probable que surjan más debates sobre cómo llevar a cabo este cambio estructural y cuál será su impacto en la economía y los trabajadores de las empresas afectadas.
El Gobierno de Milei continúa con su agenda de reformas y privatizaciones, un tema que seguramente seguirá generando controversia y expectativas en el futuro cercano.
