El Gobierno nacional reestableció la posibilidad de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impulse juicios o aplique medidas cautelares por incumplimientos tributarios, exceptuando a las entidades sin fines de lucro y a las empresas del sector salud. La medida, oficializada a través de la Resolución 1445/2024 del Ministerio de Economía, se implementa tras un periodo de suspensión que había regido desde comienzos de este año.
La resolución amplía, hasta el 31 de julio de 2025, la suspensión de acciones fiscales exclusivamente para los dos sectores mencionados. Según los considerandos de la norma, la prórroga responde a las condiciones excepcionales que ambas áreas continúan atravesando, las mismas que motivaron la adopción de la medida inicial en enero de 2024.
Cabe recordar que esta disposición forma parte de las competencias otorgadas a la ARCA mediante el Decreto 953/2024, que dio lugar a su creación tras la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La agencia tendrá la responsabilidad de determinar los criterios específicos para la aplicación de la medida en las organizaciones sin fines de lucro, mientras que en el caso del sector salud, se tomará en cuenta la información suministrada por el Ministerio de Salud.
La decisión representa un alivio crucial para dos sectores considerados estratégicos en el desarrollo social y económico del país. Por un lado, las entidades sin fines de lucro desempeñan un papel fundamental en la asistencia comunitaria, mientras que las empresas del ámbito sanitario han enfrentado desafíos financieros significativos tras los efectos prolongados de la pandemia.
En contraste, el resto de los contribuyentes volverán a estar sujetos a los mecanismos tradicionales de ejecución fiscal y posibles trabas judiciales en caso de incumplimiento, un cambio que busca fortalecer la recaudación fiscal en un contexto de déficit presupuestario.
La resolución 1445/2024 se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por equilibrar la protección a sectores vulnerables con la necesidad de garantizar el cumplimiento tributario, en un escenario económico marcado por la complejidad y la incertidumbre.
