En un momento crítico para el sector de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno nacional ha rechazado la solicitud de aumentar los subsidios destinados a las empresas de colectivos, asegurando que estas cuentan con los recursos necesarios para cumplir con los incrementos salariales acordados. Esta declaración surge en medio de una disputa entre el Ejecutivo y las compañías de transporte sobre la viabilidad de financiar los sueldos de los choferes tras las últimas negociaciones laborales.
Dentro de las próximas 48 horas, los conductores de colectivos recibirán sus salarios correspondientes a noviembre. El sindicato UTA está vigilante para verificar si las empresas han cumplido con el pago del primer tramo del aumento salarial negociado. La controversia se enmarca en un enfrentamiento de argumentos sobre si los subsidios actuales son suficientes para cubrir los nuevos costos salariales.
Franco Mogetta, ministro de Transporte de la Nación, afirmó desde la Secretaría de Transporte que “financieramente no deberían tener problema en pagar salarios y aguinaldos” para diciembre con los subsidios mensuales establecidos en la última estimación de estructura de costos. «Si no lo hacen, es una decisión de ellos», agregó, refutando las preocupaciones de las cámaras empresarias de transporte automotor.
La posición de los empresarios
Por su parte, las empresas de transporte sostienen que los subsidios actuales solo cubren el 35% de sus costos operativos, un aumento significativo respecto al 8% antes de la última actualización. Argumentan que, para afrontar el aumento salarial de 80 mil pesos que se tradujo en un salario básico de 1.140.000 pesos desde noviembre a diciembre, se requiere una recalibración de los subsidios. «Hace falta un nuevo recálculo general para determinar una partida adicional de subsidios y así evitar una crisis en el sistema de transporte del AMBA», señalaron representantes empresariales.
El sindicato UTA, sin embargo, mantiene sus reservas. En instancias previas, cuando las empresas no han cumplido con los acuerdos salariales, el sindicato ha reaccionado con reclamos y medidas de fuerza. «Tenemos dudas sobre si las empresas realizarán el pago total acordado», declaró un portavoz de la UTA, aunque reconoció que algunas compañías han anticipado su capacidad para cumplir con los aumentos.
Argumentos de los subsidios
El debate se intensifica al considerar las posibles consecuencias de no ajustar los subsidios. Un aumento adicional implicaría un desembolso fiscal de aproximadamente 6.000 millones de pesos solo para diciembre, sin contar los aumentos previstos para enero y febrero. Además, la inflación podría verse afectada, ya que el transporte público representa un 4% en la ponderación total del índice inflacionario nacional.
Las empresas también han señalado irregularidades en el uso de los subsidios, como la subvención de más de 1.600 colectivos que no circulan y la transferencia de 32 líneas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Estado nacional ha asumido parcialmente los costos. «Detectamos un uso innecesario de subsidios para sostener la operatividad del sistema», comentaron desde la Secretaría de Transporte.
En búsqueda de una mesa de diálogo
En respuesta a la crisis, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CAEP) ha solicitado reuniones con autoridades de Transporte de Nación, CABA y Provincia de Buenos Aires, destacando que el sector enfrenta una de sus peores crisis históricas debido a un desfinanciamiento sin precedentes.
Frente a esta situación, el Gobierno nacional se mantiene firme en su posición, reiterando que las empresas deben cumplir con sus compromisos salariales sin esperar incrementos adicionales en los subsidios. Mientras tanto, la UTA y las cámaras empresariales buscan una solución que evite una interrupción en el servicio y garantice el bienestar de los trabajadores del transporte público.
