La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, entregó la ciudadanía italiana al presidente argentino Javier Milei en un acto cargado de simbolismo político. El reconocimiento se fundamenta en la ascendencia italiana de Milei, un vínculo que Meloni destacó como motivo de orgullo compartido entre ambos países.
El otorgamiento, sin embargo, no estuvo exento de controversia. La izquierda italiana criticó duramente la decisión, calificándola de arbitraria y oportunista. “Varios miembros del parlamento acusaron a la jefa de gobierno de convertir al líder de La Libertad Avanza en italiano a su discreción, pero al mismo tiempo negar la ciudadanía a los niños inmigrantes nacidos en Italia», informó el diario alemán Bild en un artículo titulado «El presidente de Argentina es de repente italiano».
Cuestionamientos por exclusión migratoria
Las críticas se centraron en la aparente incoherencia de Meloni al priorizar el reconocimiento ciudadano para Milei mientras sostiene políticas restrictivas hacia la inmigración. Para sectores progresistas italianos, el gesto no solo refuerza la afinidad ideológica entre ambos mandatarios, sino que también simboliza una política de exclusión hacia otros colectivos que buscan ciudadanía en Italia.
Para la izquierda italiana, este tipo de gestos son interpretados como una instrumentalización política que busca enviar un mensaje de respaldo ideológico, en un contexto donde las políticas migratorias de Meloni han sido fuertemente criticadas por organismos internacionales y sectores sociales.
La relación entre Meloni y el economista libertario ha sido estrecha desde que el líder libertario asumió la presidencia de Argentina. La mandataria italiana ha sido una de las figuras europeas que más encuentros ha tenido con Milei, consolidando una alianza política que refuerza los valores conservadores y nacionalistas que ambos defienden en sus respectivos países.
El otorgamiento de la ciudadanía a Milei no solo evidencia la afinidad política entre ambos líderes, sino que también aviva el debate en Italia sobre los criterios y las prioridades en la política de reconocimiento ciudadano, en un momento en el que la inmigración y la inclusión social están en el centro de la agenda pública.
