La Cámara Federal de Mendoza (Argentina) ordenó a las autoridades de Venezuela informar el paradero del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre en circunstancias no esclarecidas. Mediante un exhorto diplomático, el tribunal exigió que se precise su ubicación, los motivos de su arresto y la autoridad judicial a cargo de su caso, además de permitirle designar abogado y comunicarse con su familia.
El fallo, firmado por los jueces Manuel Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci, responde a un habeas corpus presentado por la Gendarmería Nacional. De acuerdo a datos de la agencia NA, la resolución solicita que Venezuela facilite el contacto del detenido con la Cancillería argentina para garantizar su asesoramiento y establecer un canal directo con sus seres queridos.
La Cámara también ordenó la apertura de una causa penal en la Argentina por el delito de “desaparición forzada de personas”. Este expediente fue remitido a la fiscalía para investigar las posibles irregularidades en la detención del gendarme. Según la justicia argentina, la falta de información sobre su paradero y los fundamentos legales de su arresto vulneran derechos fundamentales.
Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional, fue arrestado en Venezuela bajo acusaciones no confirmadas. Según las autoridades locales, su ingreso al país estaría vinculado a presuntas actividades ilícitas, una afirmación que no ha sido respaldada con pruebas concretas.
El caso pone en el centro de la escena las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino ya había solicitado explicaciones a las autoridades venezolanas, pero hasta el momento no ha recibido respuesta satisfactoria. La intervención de la Justicia busca acelerar los tiempos para obtener claridad sobre la situación.
“Entendemos que corresponde hacer lugar a la acción habeas corpus presentada por los representantes de la Gendarmería Nacional y proveer los medios conducentes a fin de dar con el paradero y conocer cuál es la situación procesal en la que se encuentra el mismo”, establece el fallo.
Precedente en derechos humanos
La causa podría sentar un precedente en la defensa de ciudadanos argentinos detenidos en el extranjero. En el caso de confirmarse irregularidades, el delito de desaparición forzada implicaría una grave violación a tratados internacionales sobre derechos humanos y la protección de detenidos.
