El Gobierno nacional reveló los resultados de una auditoría realizada en la provincia de Chaco sobre las pensiones por invalidez laboral. Los datos, considerados «alarmantes», muestran que más del 60% de los casos evaluados no cumplía con los requisitos necesarios para recibir este beneficio estatal.
La revisión forma parte de un plan de control exhaustivo llevado adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La auditoría fue desarrollada en localidades chaqueñas como Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas y Castelli y convocó a 2.689 beneficiarios, de los cuales asistieron 2.344 personas.
Los resultados arrojaron que solo 365 individuos, equivalentes al 13,58%, cumplían con los requisitos. En contraste, 1.796 casos (66,79%) presentaron irregularidades y perderán el beneficio. Además, se informó que un 12,83% no asistió al llamado, mientras que el 6,81% aún se encuentra bajo revisión médica.
Manuel Adorni, vocero presidencial, comentó en conferencia de prensa: «Siete de cada diez pensiones por invalidez estaban mal otorgadas o directamente eran fraudulentas». Adorni explicó que el objetivo de estos controles es garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y erradicar los abusos en el sistema.
Pensiones por invalidez: algunos beneficiarios inventaron enfermedades para cobrar el subsidio
Entre las irregularidades más destacadas, se identificaron casos sorprendentes. En uno de ellos, una mujer recibió la pensión por una supuesta amputación de brazo, aunque en la revisión médica se constató que tenía ambos brazos en perfecto estado. Otro caso reportado involucraba a una beneficiaria que recibía el subsidio por un diagnóstico inexistente de cáncer de mama, sin haber realizado nunca una mamografía.
La falta de consistencia en los diagnósticos también fue señalada como una problemática recurrente. Muchos beneficiarios presentaron informes médicos contradictorios: algunos alegaron enfermedades como hipertensión, mientras que los registros oficiales indicaban condiciones completamente diferentes, como diabetes. Además, se encontraron pensiones otorgadas por diagnósticos cuestionables, como el caso de una niña beneficiaria por «pie plano».
Esta revisión en Chaco no es un hecho aislado. La ANDIS ya había realizado controles en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, donde también se hallaron serias irregularidades. Según las autoridades, las próximas provincias en ser auditadas serán Jujuy y Salta, donde residen aproximadamente 175.000 beneficiarios de pensiones por invalidez.
El Gobierno destacó que estas auditorías abarcarán el 100% del padrón de beneficiarios a nivel nacional. En un análisis preliminar, se identificaron irregularidades en provincias como Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Misiones. El plan busca no solo transparentar la entrega de pensiones, sino también optimizar el uso de recursos públicos, asegurando que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.
