El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, oficializó el reglamento del Gobierno nacional que regirá las evaluaciones para más de 40.000 empleados públicos contratados. Este proceso, que busca otorgar el «certificado de idoneidad», tiene como objetivo garantizar la continuidad laboral solo de aquellos trabajadores que demuestren cumplir con los estándares establecidos. La Resolución 26/2024, publicada en el Boletín Oficial, aprobó formalmente el Reglamento para la Evaluación General de Conocimientos y Competencias.
En su etapa inicial, los exámenes se implementarán en las jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), abarcando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios bonaerenses. El proceso de evaluación será presencial, anónimo y digital, diseñado para preservar la confidencialidad de los participantes hasta la obtención de los resultados. Los empleados públicos que no logren aprobar la evaluación serán desafectados de sus puestos laborales, mientras que aquellos que lo logren obtendrán el «certificado de idoneidad» necesario para continuar sus actividades.
Detalles de las pruebas
Entre los aspectos destacados del reglamento, se establece que los empleados que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) estarán exentos del examen. Además, cualquier ciudadano interesado en ingresar al sector público podrá realizar la prueba previa inscripción. La evaluación consistirá en preguntas de opción múltiple con una única respuesta correcta. Habrá dos categorías: «Profesionales», que constará de 24 preguntas, y «No Profesionales», con 20 preguntas. El puntaje máximo será de 100 puntos y se requerirá al menos 60 puntos para aprobar. Cada participante tendrá hasta tres intentos por año calendario para superar la evaluación.
El registro de los interesados se realizará exclusivamente a través del portal oficial Argentina.gob.ar – SEP, donde deberán completar sus datos personales y seleccionar un turno para rendir la prueba. Una vez registrado, cada participante recibirá credenciales electrónicas de acceso, necesarias para garantizar la transparencia y el anonimato del proceso. En el día asignado, los evaluados deberán presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y las credenciales correspondientes. Aquellos que no cumplan con estos requisitos serán considerados ausentes y no podrán rendir el examen.
Empleados-publicos-AnexoReglamento
El reglamento establece requisitos específicos para cada categoría. En el caso de «Profesionales», los aspirantes deberán contar con un título universitario de al menos cuatro años o un título terciario de no menos de tres años de duración. Por otro lado, en la categoría de «No Profesionales», se incluirán tareas relacionadas con oficios, servicios generales, administrativos y de mantenimiento. Sin embargo, quienes aspiren a niveles que requieran formación universitaria deberán rendir la evaluación correspondiente a «Profesionales».
Una vez concluido el examen, el sistema notificará de manera automática si el participante aprobó o desaprobó. En caso de aprobación, se emitirá un «Certificado de Aprobación» digital con un código único alfanumérico que garantizará su autenticidad. Este certificado estará disponible para descarga en un plazo de tres días desde la realización del examen. Asimismo, en situaciones excepcionales, como problemas técnicos o de fuerza mayor, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública tomará medidas para reprogramar la evaluación.
El reglamento también detalla que las evaluaciones tendrán una duración máxima de una hora, y se realizarán exclusivamente en los turnos asignados. Además, el uso de dispositivos electrónicos estará estrictamente prohibido, a excepción de calculadoras autorizadas. Cualquier incumplimiento de estas normas podría derivar en la exclusión del proceso.
Este avance en la profesionalización del empleo público busca no solo garantizar idoneidad y transparencia en el sector, sino también brindar igualdad de oportunidades a quienes aspiren a formar parte de la administración estatal. La implementación del reglamento se perfila como un paso crucial hacia una gestión pública más eficiente y orientada a resultados.
