El Gobierno de Javier Milei publicó un decreto que modifica la reglamentación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de prohibir el adoctrinamiento político en las escuelas. Esta medida busca garantizar que los menores en la Argentina puedan desarrollar su pensamiento libremente sin imposiciones ideológicas.
El decreto establece que la «imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal». Esto incluye cualquier forma de adoctrinamiento que pueda interferir con el desarrollo autónomo de los estudiantes.
Además, el texto oficial incorpora en el artículo 15 de la reglamentación de la Ley 26.061 que dicha imposición partidaria «vulnera el derecho a la educación», reforzando que el sistema educativo debe garantizar la neutralidad ideológica y el respeto por la libertad de conciencia de los alumnos.
La normativa también afecta el derecho a la libertad de los menores. Según el artículo 19, el adoctrinamiento político en las escuelas atenta contra su «libertad de conciencia» y su capacidad para tener y expresar ideas propias en el ámbito educativo, familiar y comunitario.
Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que esta medida responde al compromiso del «interés superior del niño», priorizando la protección de sus derechos fundamentales frente a posibles influencias externas que condicionen su desarrollo personal. Además, señalaron que los docentes tienen un rol crucial en garantizar un entorno neutral y libre de sesgos partidarios.
Modificaciones que surgen del Pacto de Mayo
El decreto surge en el marco del «Pacto de Mayo», firmado en julio de 2024, que compromete al Gobierno a reformar el sistema educativo para hacerlo más moderno y efectivo. Entre sus objetivos principales está la alfabetización plena y la eliminación del abandono escolar, pilares que ahora se complementan con la prohibición del adoctrinamiento.
Esta modificación de la ley busca asegurar que las escuelas sean espacios de aprendizaje y reflexión, libres de cualquier tipo de presión ideológica. La medida ya generó opiniones encontradas en el ámbito político y educativo, mientras el Gobierno defiende la decisión como un paso hacia la construcción de un sistema educativo más justo y plural.
