La diputada nacional Graciela Ocaña expresó su preocupación por las recientes modificaciones anunciadas por el PAMI en relación a la cobertura gratuita de medicamentos. La legisladora de Confianza Pública denunció que la medida pone en riesgo la salud de los adultos mayores y lamentó la falta de planificación en su implementación.
«Estoy muy preocupada porque esta decisión que toma el PAMI atenta contra la salud de muchos adultos mayores porque fue una medida que se tomó de forma intempestiva, no hubo un aviso previo para que muchos de ellos pudieran hacer los trámites para el subsidio y no perder días del medicamento en cuestión», afirmó Ocaña.
El ajuste, que restringe la cobertura del 100% de medicamentos únicamente a jubilados con ingresos inferiores a $388.500, obliga a los beneficiarios a inscribirse en un nuevo «subsidio social». Según la diputada, este cambio tiene como origen el impacto del desfinanciamiento del PAMI tras la eliminación del impuesto PAÍS.
«La baja del impuesto PAÍS trajo el desfinanciamiento del PAMI, por lo tanto, la decisión al no ser compensada termina afectando a los jubilados. La autorización del subsidio 100% puede tardar hasta tres semanas y la gente se va a quedar sin medicamento durante estos días», advirtió.
Además, Ocaña apuntó contra el Gobierno y su falta de consideración hacia los adultos mayores: «El gobierno no considera a las personas mayores. Obligan a las personas a decidir entre comer o comprar un medicamento». La diputada también cuestionó la política económica de La Libertad Avanza y la brecha entre los ingresos de los jubilados y la inflación: «Yo le pediría a los de La Libertad Avanza si pueden vivir con el salario que cobra hoy un jubilado. Ellos consideran que ganar más de 360.000 pesos es ser rico».
La versión del PAMI
Desde el PAMI, en tanto, argumentaron que la medida busca garantizar el acceso a medicamentos a quienes más lo necesitan. Sin embargo, jubilados y organizaciones sociales han denunciado complicaciones en el proceso de inscripción, que puede demorar hasta un mes.
El impacto de esta medida se da en un contexto económico complicado, donde muchos jubilados dependen exclusivamente del sistema público para acceder a tratamientos esenciales. La falta de claridad en la comunicación del PAMI y las demoras administrativas han generado preocupación e incertidumbre entre los afectados.
