La diputada bonaerense Viviana Guzzo, de Unión por la Patria, presentó un singular proyecto en la Legislatura provincial que busca declarar al inodoro como objeto de interés legislativo. Bajo el lema “El retrete es un lugar para la paz”, la iniciativa se inspira en la visión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el acceso al saneamiento como un derecho humano esencial.
El inodoro como derecho humano
El proyecto destaca que el acceso a un inodoro seguro, higiénico y privado conectado a un sistema de saneamiento gestionado de manera adecuada es un derecho fundamental. Según informó NA, la carencia de estos sistemas puede generar contaminación, proliferación de enfermedades y riesgos mortales, además de aumentar las desigualdades sociales.
Guzzo subrayó que “el no contar con servicios de saneamiento adecuados afecta particularmente a mujeres y niñas, vulnerando su capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”. Este enfoque busca visibilizar las disparidades que genera la falta de acceso a infraestructura sanitaria segura.
Saneamiento como motor de paz y progreso
La iniciativa se enmarca en la celebración del Día Mundial del Inodoro 2024, promovido por la ONU, que establece tres ejes fundamentales: el inodoro como un lugar para la paz, un lugar de protección y un lugar para el progreso.
El proyecto también invita a reflexionar sobre la importancia de los sistemas de saneamiento como un factor clave para mejorar la calidad de vida y garantizar derechos básicos, particularmente en contextos vulnerables.
Impacto legislativo
La propuesta busca no solo generar conciencia sobre el saneamiento, sino también poner en agenda las condiciones de infraestructura en la provincia de Buenos Aires. “Reconocer al inodoro como un símbolo de paz y progreso es un paso hacia una sociedad más justa e igualitaria”, argumentó Guzzo al presentar el proyecto.
Si bien la propuesta despertó interés en algunos sectores, también generó cuestionamientos por su enfoque poco convencional. No obstante, Guzzo defendió que el objetivo es “elevar la conversación sobre un tema que afecta profundamente a la salud pública y a los derechos humanos”.
En un contexto donde millones de personas en el mundo carecen de acceso a sistemas de saneamiento seguros, la iniciativa busca ser un llamado de atención tanto para el ámbito legislativo como para la sociedad en general.
