En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) revocó este miércoles la destitución de Cecilia Goyeneche, fiscal anticorrupción de Entre Ríos. El máximo tribunal anuló el fallo del Superior Tribunal de Justicia entrerriano que había validado su remoción por presunto mal desempeño, vinculada a su papel en investigaciones de alto impacto político, incluida la causa que llevó al exgobernador Sergio Urribarri a una condena de ocho años de prisión.
El tribunal, compuesto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, declaró nulo todo lo actuado desde la confirmación del jury que destituyó a Goyeneche. En el fallo, los jueces señalaron que el proceso presentó «graves irregularidades» que comprometieron garantías fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa.
El trasfondo de la causa
Goyeneche se desempeñaba como procuradora adjunta de Entre Ríos y participó en investigaciones sobre casos emblemáticos de corrupción en la provincia. Uno de ellos, el llamado caso “Contratos de la Legislatura”, destapó un esquema de desvío millonario de fondos públicos mediante contratos ficticios. Sin embargo, en 2021, la fiscal fue acusada de no excusarse a tiempo en una causa en la que se señalaba su relación personal y financiera con un imputado clave.
Pese a sus intentos por defenderse ante el Tribunal de Enjuiciamiento y el Superior Tribunal provincial, la destituyeron en mayo de 2022 por una mayoría de cinco votos contra dos. La fiscal denunció entonces que su remoción obedecía a una “venganza política” destinada a frenar futuras investigaciones de corrupción en la provincia.
Los detalles del fallo de la CSJN
El fallo de la Corte Suprema subrayó que el jury que destituyó a Goyeneche no respetó las normas procesales vigentes. Entre las irregularidades señaladas, el tribunal destacó la participación de integrantes del jurado que ya habían intervenido en la causa penal vinculada al caso, comprometiendo la imparcialidad del proceso. Además, cuestionó la designación de un abogado externo como órgano acusador, en lugar de un miembro del Ministerio Público Fiscal, como exige la normativa.
Según el fallo, «la asimetría en el tratamiento de las cuestiones vinculadas a la imparcialidad del proceso descalifica lo decidido». En consecuencia, se anuló todo lo actuado desde la conformación inicial del tribunal que evaluó a la fiscal, aunque se aclaró que esta decisión no prejuzga sobre las acusaciones en su contra.
Postura del juez Lorenzetti
Lorenzetti, en una ampliación de fundamentos, destacó que, aunque la Corte suele ser restrictiva al revisar juicios políticos, este caso ameritaba una excepción debido al «grave menoscabo» al debido proceso. Según el magistrado, los jueces deben no solo ofrecer resultados, sino también fundamentar claramente sus decisiones para que la sociedad comprenda los principios del Estado de Derecho.
“La legitimidad de la judicatura se fortalece cuando las sentencias son razonablemente fundamentadas y respetan el debate democrático”, expresó Lorenzetti. Además, advirtió sobre la necesidad de exponer con claridad los cambios en precedentes judiciales, para preservar la estabilidad y transparencia en futuras decisiones.
