En el epicentro de un intenso enfrentamiento entre el Gobierno de Javier Milei, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, se ha reavivado esta semana la incertidumbre sobre la legitimidad de los posibles nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla al máximo tribunal por parte del mandatario libertario. La Corte Suprema ha manifestado su reticencia ante la idea de que Milei designe jueces mediante decreto, generando un clima de tensión y desconfianza que amenaza con desestabilizar las instituciones judiciales de Argentina.
La Corte Suprema, encabezada por el juez Ricardo Lorenzetti, ha subrayado que cualquier incorporación al máximo tribunal debe seguir el procedimiento establecido, es decir, a través de la aprobación parlamentaria y no mediante decretos presidenciales. Lorenzetti ha expresado que «la independencia judicial es fundamental para garantizar la democracia y el estado de derecho», rechazando categóricamente cualquier intento de politización de la justicia.
Por su parte, el Gobierno argentino desestima la posibilidad de que la Corte Suprema se niegue a tomar juramento a los nuevos magistrados, argumentando que tanto el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, como el juez Carlos Rosenkrantz, son figuras “razonables” que evitarían cualquier escándalo institucional. Sin embargo, Lorenzetti, quien apoyó firmemente el pliego de Lijo, mantiene su confianza en que su recomendado eventualmente ocupará un puesto en el máximo tribunal.
Proceso legislativo y obstáculos en el Senado
Actualmente, el pliego de Lijo cuenta con nueve firmas, lo que podría permitir su elevación para votación en el Senado. Sin embargo, aún no se han asegurado los dos tercios necesarios para su aprobación. Por otro lado, el pliego de García-Mansilla tiene solo seis firmas, necesitando tres más para ser considerado válido. Cristina Kirchner, exvicepresidente condenada por corrupción, habilitó la firma de la senadora Lucía Corpacci en un intento por acelerar el acuerdo, pero el Gobierno interpreta esta acción como un intento de condicionamiento, exacerbando aún más las tensiones. Además, las negociaciones reflejan una desconfianza mutua entre libertarios y peronistas, dificultando cualquier avance significativo.
Ambas partes han explorado la opción de avanzar en la Cámara de Diputados con un proyecto para ampliar la Corte Suprema, proponiendo una escala intermedia de siete jueces en lugar de las 15 actuales. Sin embargo, esta iniciativa no alcanzó el consenso necesario, reflejando la profunda división y falta de confianza entre ambas partes. Las negociaciones continúan en un ambiente cargado de desconfianza, con figuras prominentes como Santiago Caputo, Juan Martín Mena, Wado de Pedro y Oscar Parrilli participando en las discusiones sin lograr avances concretos.
Complejidades legales y personales
La posibilidad de nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto enfrenta también complicaciones legales, ya que Lijo actualmente ocupa un cargo como juez y necesitaría renunciar o solicitar una licencia para integrarse al máximo tribunal. Este escenario añade una capa adicional de complejidad y escepticismo sobre la viabilidad de estos nombramientos sin la aprobación parlamentaria correspondiente.
La relación entre el Gobierno y la Corte Suprema está marcada por vínculos personales y una profunda desconfianza. Mientras el presidente Milei mantiene una distancia con figuras como Rosatti, ha fortalecido su relación con el juez Lorenzetti, quien ha sido un apoyo clave en la nominación de Lijo. Por otro lado, el presidente ha mostrado desconfianza hacia Rosatti, limitando las reuniones entre ambos y prefiriendo centrarse en alianzas con otros jueces y miembros del gabinete judicial.
Próximos pasos
Con Juan Carlos Maqueda, presidente saliente de la Corte Suprema, enfocándose en sus últimas sentencias antes de cumplir 75 años, las próximas semanas serán cruciales para determinar el destino de las nominaciones de Lijo y García-Mansilla. La otra deuda pendiente es la elevación al Senado de las ternas de los 150 jueces prometidos por el Gobierno para cubrir la mitad de las vacantes en la justicia. A pesar de las promesas, el envío de nombres sigue en manos del Poder Ejecutivo, mientras las negociaciones continúan sin resultados definitivos.
