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POLÍTICA

La Justicia Federal ordenó el decomiso de terrenos en el Caribe a nombre del exsecretario del matrimonio Kirchner: suman más de 30 millones de dólares

Daniel Muñoz, fallecido en 2016, fue señalado en múltiples causas judiciales como figura clave en un circuito de corrupción.

Justicia Federal

La Justicia Federal ha dispuesto el decomiso anticipado y definitivo de terrenos situados en las Islas Turcas y Caicos, valuados en más de 30 millones de dólares. Estas propiedades, adquiridas a través de una trama de lavado de dinero, pertenecían al fallecido exsecretario del matrimonio Kirchner, Daniel Muñoz, quien fue señalado como una figura clave en el circuito de corrupción ligado a la gestión kirchnerista.

Los terrenos en cuestión fueron adquiridos mediante maniobras de blanqueo de fondos ilícitos en el exterior. Muñoz, que murió en 2016, había trasladado al menos 75 millones de dólares al extranjero, parte de los cuales utilizó para adquirir inmuebles de lujo en Estados Unidos y, posteriormente, para invertir en estos lotes caribeños con vistas a un proyecto hotelero de alto nivel. Según consta en la causa, estos bienes fueron registrados a nombre de testaferros y protegidos por una red de sociedades offshore.

La Unidad de Información Financiera (UIF), bajo la conducción de Ignacio Yacobucci, logró revertir la decisión inicial del juez Julián Ercolini. Y es que el magistrado había denegado el decomiso de las parcelas, debido a que estaban registradas bajo un fideicomiso. Sin embargo, la Cámara Federal concluyó que se trataba de un esquema diseñado para ocultar el verdadero origen ilícito de los fondos.

La conexión con el matrimonio Kirchner

Muñoz fue durante años el hombre de máxima confianza de Néstor y Cristina Kirchner. En declaraciones judiciales, el exministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, confirmó como arrepentido que el dinero blanqueado pertenecía a los expresidentes.

Campillo relató que en el lecho de muerte de Muñoz, este admitió que no quería dejar el dinero a su esposa y que los fondos correspondían a los «legítimos dueños», refiriéndose a los Kirchner. Este testimonio, junto con otros elementos probatorios, consolidó la hipótesis de que Muñoz actuó como un engranaje en el esquema de acumulación y traslado de dinero ilícito durante el apogeo del poder kirchnerista.

La trama de corrupción y lavado

El esquema financiero de Muñoz no se limitó a los terrenos en el Caribe. Antes de ser expuesto por los Panamá Papers, su patrimonio incluyó propiedades en Miami y Nueva York, así como 113 inmuebles en Argentina, entre los que destacaban estancias en Santa Cruz y complejos turísticos en la Patagonia.

Tras el escándalo internacional, las inversiones en Estados Unidos fueron liquidadas y el dinero redirigido hacia Turcas y Caicos. En estas locaciones se planificó un proyecto hotelero valuado en 500 millones de dólares.

Implicados y consecuencias

Además de Muñoz, el caso involucra a su esposa Carolina Pochetti, al mexicano Issac Eugenio Esparza Hidalgo, y al empresario Carlos Gellert, entre otros. Gellert, primo de Pochetti y exfuncionario en Santa Cruz, reconoció su papel como intermediario en la constitución de sociedades offshore destinadas a lavar el dinero. La Justicia también identificó como participantes a exfuncionarios y colaboradores cercanos a los Kirchner. Entre ellos, Víctor Manzanares, excontador presidencial, y Roberto Sosa, otro exsecretario del matrimonio.

El impacto de la decisión judicial

Con este fallo, la Justicia busca marcar un precedente en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. Enfatizando, a su vez, en la necesidad de avanzar en decomisos de bienes obtenidos de manera ilícita. Las propiedades en Turcas y Caicos serán incorporadas al patrimonio estatal como parte de la recuperación de activos derivados de delitos de corrupción.

La historia de Daniel Muñoz y su rol en la maquinaria corrupta del kirchnerismo continúa siendo un ejemplo emblemático de cómo el poder político y la ilegalidad pueden entrelazarse. Este nuevo capítulo judicial no solo busca cerrar un ciclo de impunidad, sino también recordar la importancia de la transparencia en la gestión pública.