Un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 ordenó al Gobierno de Javier Milei asegurar el funcionamiento de los programas destinados a combatir la violencia de género, como el plan Acompañar y la línea 144. La decisión surge de una medida cautelar presentada por organizaciones feministas y firmada por el juez Enrique Alonso Regueira.
El magistrado sostuvo que el Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, no pudo demostrar cómo garantizará los derechos establecidos en la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. «Tampoco ha detallado, ni siquiera mencionado, la forma en que se está cumpliendo con las prestaciones referidas», argumentó el juez en su resolución.
Entre las medidas dispuestas, el juez ordenó que el Gobierno no despida a los trabajadores y trabajadoras de la exSubsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género ni a quienes se desempeñan en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), que ya sufrieron el cierre de 81 sedes. Además, deberá garantizar el financiamiento adecuado para las políticas de género.
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no ha emitido una respuesta oficial al fallo. Sin embargo, trascendió que desde la cartera niegan que los derechos consagrados en la Ley 26.485 estén en riesgo. «La actual gestión de gobierno ha procedido a reorganizar la estructura estatal y sus programas y organismos», sostuvieron en declaraciones no formales.
Las organizaciones feministas celebraron la decisión judicial y señalaron la falta de acción por parte del Poder Ejecutivo. En un comunicado conjunto, entidades como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos y la Fundación Mujeres x Mujeres destacaron que «el Estado negó el cierre de la Subsecretaría y los 81 CAJ en todo el país».
La definición de la Justicia contra el Gobierno de Javier Milei
El juez Regueira desestimó los argumentos del Gobierno, subrayando que no se presentaron pruebas documentales que respalden las afirmaciones oficiales. «El Estado no ha respaldado con documentación sus afirmaciones para demostrar de qué forma se estarían garantizando los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas y potenciales víctimas de violencia de género», apuntó en su resolución.
