La Justicia le ordenó al Gobierno nacional resolver los pedidos pendientes de medicamentos y subsidios que afectan a personas vulnerables. Esta decisión fue tomada por el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, mediante una medida cautelar. El magistrado Marcelo Bruno Dos Santos exigió que el Estado ajuste sus procedimientos para cumplir con los plazos establecidos por la Ley de Procedimientos Administrativos, dando una respuesta en un plazo máximo de 60 días.
El fallo se emitió en el marco de una acción colectiva presentada por asociaciones civiles que representan a pacientes con enfermedades graves, como el cáncer. Estas organizaciones pidieron que se garantice la entrega oportuna de medicinas, esenciales para el tratamiento de estas patologías. Además, se requirió mejorar los procedimientos administrativos que actualmente demoran las respuestas a las solicitudes.
Agilización de los procedimientos en la entrega de medicamentos
El objetivo principal de la demanda es que el Estado implemente un procedimiento eficiente y urgente. Este debe cumplir con los derechos de los pacientes y respetar los plazos legales establecidos. El fallo ordenó que se designe a las autoridades correspondientes de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) para que puedan actuar con la rapidez necesaria. Asimismo, el Estado debe asegurar que haya suficiente personal y presupuesto destinado a estos trámites a lo largo del año. Esto evitará que los pacientes sigan enfrentando obstáculos para recibir los tratamientos que necesitan.
La medida también exige que el Estado asigne más personal y recursos para dar respuesta a las solicitudes dentro de un plazo de 20 días. Esta decisión tiene un impacto directo en la vida de los pacientes, que dependen de estos tratamientos para su bienestar y supervivencia.
Reacción en Mendoza
En Mendoza, la Justicia Federal suspendió una medida que obligaba a los afiliados del PAMI a realizar una nueva inscripción para acceder a medicamentos gratuitos. Esta decisión fue tomada luego de una acción presentada por la Asociación para la Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas Mayores (Jubypen). La medida cautelar afecta solo a la provincia de Mendoza, suspendiendo temporalmente este requisito, lo que beneficia a muchos jubilados que debían cumplir con este trámite adicional.
Estos fallos resaltan la preocupación creciente de la Justicia por las demoras y la burocracia en la entrega de medicamentos y servicios esenciales para las personas más vulnerables. La resolución de estos conflictos tiene un impacto directo en la calidad de vida de miles de ciudadanos. Gracias a estas decisiones, los pacientes podrán acceder a los tratamientos necesarios sin tener que enfrentarse a barreras administrativas innecesarias.
