El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10 reprogramó la indagatoria del ex presidente Alberto Fernández luego de que su defensa pidiera desplazar al juez Julián Ercolini de la causa por violencia de género de la que se investiga al ex mandatario. Alberto Fernández deberá presentarse a declarar el próximo jueves 19 de diciembre a las 11:00 de la mañana en Comodoro Py.
El ex presidente debería haber declarado el miércoles 11, sin embargo, se demoró su declaración por el pedido de recusación del juez federal Ercolini con pedido de suspensión de indagatoria. La abogada defensora de Fernández, Silvina Carrerira presentó un escrito pidiendo que se traslade el caso a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde se llevaron a cabo los hechos argumentando «incompetencia» por parte del tribunal federal.
El argumento principal de la abogada es que «Ercolini puede haber ya formado un criterio que prejuzgaría al ex presidente y, luego de la indagatoria, impediría que el juez analice a fondo la situación y dicte una fallo que haría del «acto de defensa» totalmente infructuoso». Esta postura ya había sido planteada por la defensa del ex mandatario, que señaló que el juez podría haber desarrollado un estigma contra Fernández a causa de las declaraciones de Fabiola Yañez y las declaraciones de otros testigos claves.
Al previo mandatario nacional se lo acusa de «lesiones leves doblemente agravadas por violencia de género contra su ex pareja, una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la víctima, doble agravada igualmente, y coacción». Con todos estos delitos se prevé un máximo de prisión de 18 años en caso de recibir una condena efectiva. Los agravantes sería por un «contexto de violencia en una particular relación de poder asimétrica entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez, desde 2016 hasta agosto de 2024«.
«El análisis de las pruebas reunidas en el caso permiten acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos contra su pareja, prácticamente desde el inicio de su relación. Según las definiciones de la Ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo identificar violencia física, psicológica y económica«, precisaron desde la fiscalía.
