El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso hasta el 27 de diciembre y el tema central de la primera semana será la Ley de Fueros. La misma consiste en expulsar a los legisladores que tengan causas judiciales, como podría ser el caso de Edgardo Kueider que se encuentra detenido en Paraguay por tentativa de contrabando.
Se aguarda que se realice de manera oficial la convocatoria, aunque los bloques ya comienzan a definir sus estrategias. El PRO quiere instalar una reforma propia, mientras que el kirchnerismo estudia qué camino tomar, porque si rechazan esta ley quedarán ligados a respaldar a la corrupción, mientras que si la apoyan podrían perder a varios legisladores.
En la última semana, por medio de la cuenta del portavoz de presidencia, Manuel Adorni, el Gobierno realizó una encuesta que tuvo cien mil participantes donde preguntaba a los usuarios de la red social X si está a favor de echar a los legisladores que tengan causas judiciales, y el resultado fue contundente de 92 por ciento a favor.
En esta situación con procesos judiciales se encuentran los Kirchneristas Máximo Kirchner, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, y Rodolfo Tailhade. Es por eso que si la oposición decide apoyar la ley de fueros podría perder peso político dentro del Congreso, aunque tampoco quieren quedar como los que defienden a los corruptos y/o procesados.
La reforma del PRO
La legisladora del PRO, Silvia Lospennato, propone que «cuando se ordene el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de un legislador, el juez deberá comunicar la decisión al presidente de la respectiva cámara previamente a que dicha medida se haga efectiva».
«Una vez puesto en conocimiento, el presidente de la cámara respectiva debe designar a un legislador de la misma cámara para que se haga presente durante el allanamiento», agrega el proyecto de parte de los aliados del Gobierno que también fija que «tanto el presidente de la cámara de que se trate como el legislador designado deberán guardar absoluta reserva de la medida a realizarse hasta tanto esta se haga efectiva».
Por último, detalla que «si la medida judicial fuera ordenada respecto del presidente de la Cámara de Diputados, la comunicación prevista en el primer párrafo del presente artículo, deberá cursarse al vicepresidente primero de la misma cámara, en las mismas condiciones y con el mismo alcance».
