El Gobierno de Javier Milei ha tomado una decisión contundente respecto al presupuesto destinado al Poder Judicial nacional y federal para el año 2025. En un movimiento que ha generado alarma entre las autoridades judiciales, el Ejecutivo aprobó una partida de 1.760 billones de pesos para la Justicia, significativamente inferior a los 2.594 billones solicitados por la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Este ajuste representa una reducción de hasta el 41% en los fondos requeridos por estas instituciones.
La Corte Suprema de Justicia (CSJN) recibirá solo 222 mil millones de pesos, en contraste con los más de 374.618 millones solicitados, mientras que el Consejo de la Magistratura verá reducido su presupuesto de 2.219.567.186.189 pesos a 1.538 billones de pesos. Estas cifras reflejan una disminución drástica que afecta directamente la operatividad y modernización del sistema judicial argentino.
El proyecto de presupuesto enviado al Congreso por el presidente Horacio Rosatti incluye 374.618.102.145 pesos para la Corte Suprema, pero las autoridades judiciales confirmaron que solo se aprobaron 222.025 millones de pesos. Este recorte impacta principalmente en la modernización del Poder Judicial. En consecuencia, podría dificultar la implementación de sistemas como el acusatorio, que ya se ha iniciado en la Patagonia gracias a inversiones previas del Ministerio de Justicia y financiamiento externo.
Impacto en la estructura y funcionamiento
La CSJN, compuesta por ocho secretarías judiciales y diversas oficinas auxiliares, cuenta con 2.500 empleados, de los cuales el 91% del presupuesto solicitado se destina al pago de salarios. La reducción presupuestaria limitaría la capacidad del tribunal para adquirir recursos, capacitar al personal y mantener sus instalaciones, aspectos esenciales para una administración eficiente de la justicia.
Además, el Consejo de la Magistratura, encargado de la designación y supervisión de jueces, también enfrenta recortes significativos. Con una demanda original de más de 2.219 billones de pesos, el organismo solo dispondrá de 1.538 billones, afectando su capacidad para operar de manera efectiva y mantener la calidad de la judicatura.
En el contexto de estos recortes, el Gobierno nacional continúa impulsando la incorporación de dos candidatos, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, a la Corte Suprema de Justicia. Para que estos nombramientos se concreten, es necesario obtener una mayoría especial de dos tercios en el Congreso. La situación se complica aún más con la próxima jubilación del magistrado Juan Carlos Maqueda el 29 de diciembre, lo que abre una vacante crítica en el máximo tribunal.
Reacciones del Poder Judicial
Las autoridades judiciales han manifestado su preocupación por los recortes presupuestarios, argumentando que afectan la capacidad de modernización y eficiencia del sistema judicial. Fuentes dentro del Poder Judicial señalaron que, aunque el funcionamiento básico no está en peligro inmediato, la falta de inversión limita seriamente las mejoras necesarias para enfrentar los desafíos contemporáneos.
Por otro lado, el Gobierno defiende su decisión, enfatizando la necesidad de reducir el gasto público y priorizar recursos en otras áreas consideradas más urgentes. Este ajuste también refleja la estrategia de Milei de consolidar el control sobre el Poder Judicial, facilitando la implementación de cambios estructurales que favorezcan su agenda política.
