La compleja trama que vincula a Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), con presuntas irregularidades financieras, tuvo su origen en una denuncia de 2007 contra Rubén Romano, un gerenciador del PAMI. La investigación inicial sobre el patrimonio de Romano condujo a cuentas bancarias no declaradas, revelando una sucursal clandestina del BNP Paribas en Buenos Aires y 500 clientes VIP que habrían fugado al menos 251 millones de dólares. Entre estos nombres apareció Vázquez, cuya conexión con estas operaciones generó sospechas sobre su rol en la administración pública. Así lo detalla el periodista Hugo Alconada Mon.
En ese entonces, Vázquez era jefe de la Dirección Regional Sur Metropolitana de la AFIP, un cargo que le otorgaba autonomía en sus operaciones. Según registros judiciales, habría transferido 461.000 dólares al extranjero entre 2004 y 2006 mediante una cuenta en Curaçao, compartida con su hermana Silvia. Posteriormente, estos fondos habrían sido transferidos a una cuenta en Luxemburgo, creada por ejecutivos de la sucursal no declarada del BNP Paribas.
A pesar de su cargo en la AFIP, los documentos internos del banco describían a Vázquez como «contador independiente», con un estudio contable ficticio ubicado en una dirección inexistente en la calle Talcahuano. Estas irregularidades plantearon preguntas sobre la legalidad de sus actividades y el origen de los fondos.
La investigación judicial
La causa llegó a los tribunales de Comodoro Py en 2011, a cargo inicialmente del juez Sergio Torres. El fiscal Federico Delgado buscaba verificar la existencia de las cuentas y determinar si el patrimonio de Vázquez había crecido de manera injustificada. Sin embargo, los exhortos enviados a Luxemburgo y Curaçao no obtuvieron respuesta, dificultando la recolección de pruebas.
En 2018, Torres dictó el primer sobreseimiento de Vázquez, citando la falta de cooperación internacional y el tiempo transcurrido como impedimentos para avanzar en la investigación. Esta decisión fue revocada por la Cámara Federal, que ordenó nuevas medidas, delegadas al juez Ariel Lijo tras la partida de Torres.
Cuatro años después, Lijo también sobreseyó a Vázquez, reiterando los argumentos de su predecesor. El fallo, emitido en noviembre de 2022, destacó que habían pasado más de diez años sin obtener pruebas concluyentes y que los intentos de la AFIP y la UIF tampoco lograron avanzar en la pesquisa.
La respuesta oficial y las críticas
El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió públicamente a Vázquez, afirmando que los bancos involucrados habían negado la existencia de las cuentas. Sin embargo, esta declaración contradice el expediente judicial, donde se detalla que los exhortos nunca fueron respondidos, y no que las cuentas fueran desmentidas.
Adorni también señaló que el sobreseimiento abarcaba otras propiedades vinculadas a Vázquez, adquiridas a través de estructuras offshore en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, esta trama no fue investigada ni mencionada en la causa relacionada con el BNP Paribas.
Un cierre controvertido
El caso de Vázquez pone en evidencia las limitaciones de la Justicia argentina para investigar delitos económicos transnacionales. Aunque Vázquez fue sobreseído, las dudas sobre sus actividades persisten debido a la falta de cooperación internacional y de pruebas concluyentes.
La causa también ilustra los desafíos en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal, así como el impacto de estos delitos en la transparencia institucional. Mientras tanto, las declaraciones de los funcionarios y los fallos judiciales continúan siendo objeto de debate público y político.
