El Gobierno nacional se encuentra gestionando a contrarreloj, por diversas vías, la liberación de Agustín Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro cuando ingresó al país para visitar a su familia. Según confirmaron fuentes oficiales, Cancillería explora alternativas de negociación con los gobiernos de Colombia y Brasil, buscando interceder ante las autoridades venezolanas. Sin embargo, la situación se torna más compleja debido a la reciente detención de un empleado local de la Embajada Argentina en Caracas.
De las opciones en análisis, Colombia aparece como la principal vía de mediación, ya que las relaciones entre Brasil y Venezuela atraviesan un momento delicado que dificulta una intervención directa. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, trabaja en la recolección de documentación que demuestre que el viaje de Gallo estaba motivado exclusivamente por razones familiares. Según informaron, su pareja había viajado a Venezuela hace siete meses junto con su hijo para atender a su madre enferma, y el gendarme decidió visitarlos por primera vez días atrás, ingresando al país desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander.
Detención y acusaciones
El caso de Gallo, oriundo de Catamarca y quien había sido designado para una misión en Colombia, trascendió este viernes. Su detención, según el régimen venezolano, se debe a acusaciones de espionaje, un señalamiento que el Gobierno de Javier Milei calificó de absurdo. En un comunicado conjunto de Cancillería y el Ministerio de Seguridad, se subrayó que Gallo ingresó el 8 de diciembre a territorio venezolano con el único propósito de visitar a su familia, enfatizando que “la Argentina no tolerará actos de esta naturaleza contra sus ciudadanos”.
Por su parte, desde el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), se denunció la desaparición del gendarme como un acto de terrorismo de Estado por parte del régimen de Maduro. En un comunicado, exigieron su liberación inmediata y condenaron lo que consideran una estrategia de intimidación política que viola los derechos humanos fundamentales.
Otra detención agrava el conflicto diplomático
La situación se agravó aún más cuando la Cancillería argentina denunció la detención de un empleado local de su representación diplomática en Venezuela. En un comunicado, el Gobierno argentino condenó este acto como una violación flagrante de las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección de su personal. La Cancillería también denunció un hostigamiento sostenido contra los asilados en la residencia diplomática argentina, incluyendo la presencia de francotiradores y ocupaciones ilegales de viviendas vecinas, configurando un clima de presión y violencia psicológica.
Este episodio ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas acentuadas tras las acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales venezolanas. Desde agosto, la Embajada argentina en Caracas se encuentra bajo la protección de Brasil, tras la expulsión de los diplomáticos argentinos. En paralelo, seis dirigentes opositores venezolanos se encuentran asilados en la residencia diplomática argentina, enfrentando órdenes de detención del régimen de Maduro.
Acciones internacionales
En un esfuerzo por presionar al régimen venezolano, Argentina, junto con Estados Unidos, Chile y otros diez países, presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una declaración conjunta exigiendo la concesión inmediata de salvoconductos para los seis opositores asilados en la Embajada argentina en Caracas. Este pedido busca garantizar la salida segura de los refugiados políticos sin ser detenidos.
Mientras tanto, el Gobierno libertario intensifica sus gestiones diplomáticas para lograr la liberación de Gallo. En ese sentido, se espera que las negociaciones con Colombia y Brasil permitan abrir canales de diálogo efectivos con las autoridades venezolanas. La liberación del gendarme, junto con la resolución de la situación del empleado diplomático detenido, representa un desafío clave para la administración de Milei en su búsqueda por reafirmar los derechos de sus ciudadanos en el ámbito internacional.
