El caso del senador nacional Edgardo Kueider ha generado un terremoto político en Argentina, con pedidos crecientes para su destitución tras ser detenido en Paraguay con 200.000 dólares sin declarar. En este contexto, se alzaron fuertes declaraciones contra el legislador por parte del senador del PRO, Luis Juez. «La conducta de Kueider es lasciva, agresiva y humillante para el Senado de la Nación y todos tendríamos que expulsarlo, porque nos puso en un lugar horrible. Hay que calificar la conducta y luego una sanción», afirmó Juez.
La detención de Kueider y su secretaria en la frontera con una lujosa camioneta reveló una trama aún más compleja: el dinero no estaba debidamente justificado y la empresa usada como aval, Golsur SA, no estaba habilitada para facturar. Además, el dueño de la compañía tenía su RUC inactivo, aumentando las sospechas de corrupción.
La situación de Kueider también ha salpicado a la política en general. «La política corrupta termina lastimando la política argentina en general y no solamente al sector que pertenece Kueider. Pero para expulsarlo o suspenderlo hasta el 1 de marzo y luego expulsarlo, se necesita del apoyo de la mayoría de los 2/3 presentes», señaló el exembajador argentino de Ecuador.
El Senado enfrenta ahora tres posibles escenarios: suspensión, expulsión o licencia. Mientras tanto, el caso pone en jaque a la relación entre el oficialismo y aliados clave como Kueider, que había sido un voto importante para el gobierno de La Libertad Avanza.
Con los ánimos caldeados, el futuro de Kueider depende de los votos necesarios para su destitución en las próximas sesiones. La presión pública y política por un Senado más transparente y libre de corrupción podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se manejan estos casos en el Congreso.
Juez opinó sobre la ley de Ficha Limpia
El oficialismo, liderado por el gobierno de Javier Milei, ha propuesto una regla general para destituir a políticos involucrados en causas judiciales. «A mí me da vergüenza cuando hablamos de Ficha Limpia porque si un país necesita una ley para decirle a sus ciudadanos que un tipo condenado dos veces por un delito de administración pública fraudulenta no merece ni siquiera ser presidente de un centro vecinal, habla muy mal de la calidad democrática. Ni siquiera esa ley tenemos», comentó Juez.
