Una empresa petrolera en Centenario, Neuquén, enfrenta graves acusaciones por la contaminación de canales de riego con residuos del lavado de maquinaria para fracking, según lo revelado por la Fiscalía de Delitos Ambientales. Las denuncias, realizadas por un tomero y un propietario de tierras, llevaron al descubrimiento de aceite y otros contaminantes en el agua, afectando la seguridad del ecosistema y el uso agrícola de la región.
Denuncias iniciales y allanamientos en Neuquén
La contaminación se detectó entre enero y agosto de este año. Durante un allanamiento en una ex juguera donde operaban dos sociedades vinculadas a la empresa, se constató que los residuos no eran tratados adecuadamente. «Utilizaban instalaciones no habilitadas ni impermeabilizadas, lo que permitió que los desechos filtraran hacia las napas y llegaran directamente a los canales de riego», explicó Maximiliano Breide Obeid, fiscal jefe de Delitos Ambientales.
El lugar, autorizado solo para el lavado de maquinaria, carecía de las medidas mínimas exigidas para manejar desechos peligrosos, lo que viola las normativas ambientales vigentes.
Motivos económicos detrás de la contaminación
Según Breide Obeid, la decisión de no enviar los residuos a plantas especializadas responde a un intento de abaratar costos. «Este tipo de delitos ambientales suelen estar motivados por beneficios económicos, evitando los gastos asociados al tratamiento adecuado», declaró.
La gravedad del caso llevó a la Fiscalía a paralizar las cuentas de la empresa y, posteriormente, a embargar múltiples activos. Aunque no se reportaron denuncias de productores agrícolas afectados, el impacto ambiental podría tener consecuencias significativas a largo plazo.
Más allá del ámbito penal
Además del proceso judicial, el caso podría derivar en sanciones administrativas por parte de los organismos de control. Estas acciones buscan garantizar que se cumplan las normativas y prevenir futuros daños.
La Fiscalía también advirtió sobre la necesidad de reforzar los controles en el sector, especialmente en empresas que manejan residuos peligrosos. «La falta de supervisión adecuada puede derivar en situaciones similares, afectando no solo el medio ambiente, sino también la confianza en las regulaciones vigentes», sostuvo el fiscal.
Un precedente para delitos ambientales
El caso marca un precedente importante en la región. Las autoridades buscan que este proceso judicial sirva de advertencia para otras empresas que puedan estar operando al margen de la ley.
Con el embargo en marcha, se espera que las investigaciones permitan determinar el alcance real del daño ambiental y definir las sanciones correspondientes. Este caso refleja la necesidad de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del entorno natural.
