El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, avanza en un ambicioso proyecto de desregulación que permitirá que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) pueda ser realizada en talleres mecánicos y concesionarios oficiales. Este cambio apunta a transformar el control técnico vehicular en Argentina, democratizando su acceso y generando un marco más competitivo en el sector.
Esta medida, aunque respaldada por la Ley Nacional de Tránsito desde 1995, nunca fue implementada en la práctica, permitiendo que el servicio se monopolizara en plantas específicas. Con las reformas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la apertura del sistema podría ser una realidad a partir de 2025.
Qué cambiará con esta medida
Según explicó Sturzenegger en recientes declaraciones, las provincias deberán adherir a este cambio para su implementación, ya que la Ley de Tránsito establece que la responsabilidad última recae en las autoridades locales. Esto permitirá que talleres y concesionarios autorizados puedan realizar las revisaciones técnicas, siempre y cuando cumplan con los estándares requeridos.
Uno de los puntos clave para implementar este sistema será la creación de un «ecosistema nacional» digitalizado que interconecte a los puntos homologados para realizar la VTV. Actualmente, las plantas de VTV están limitadas a sus jurisdicciones locales. La nueva propuesta busca integrar a estos actores en una red tecnológica moderna que permita inspeccionar vehículos de cualquier parte del país.
Digitalización y requisitos tecnológicos
La transformación no será únicamente normativa, sino también tecnológica. Según Constantino Abella Roigt, presidente de CVA (Control Vehicular Argentino), la informatización será esencial para garantizar la transparencia y eficacia del sistema. Se necesita tecnología 4.0 con soluciones de interconectividad, automatización y datos en tiempo real. Además, se deberán incorporar herramientas como inteligencia artificial y el Internet de las cosas (IoT) para un control de gestión eficiente.
Este cambio también incluirá la posibilidad de reemplazar las obleas físicas que actualmente se colocan en los parabrisas por una documentación digital accesible desde aplicaciones como Mi Argentina. Esto no solo facilitará el control, sino que también modernizará el sistema, alineándolo con las tendencias internacionales.
Costos y equipos necesarios
Para que un taller pueda realizar la VTV, deberá contar con equipamiento técnico especializado. Entre los dispositivos esenciales se encuentran el alineador al paso, que mide la alineación de las ruedas; el banco de suspensiones, que evalúa el estado de los amortiguadores y bujes; el frenómetro, que mide la eficiencia del sistema de frenos; y el detector de holguras, que identifica desgastes en los ejes. También son necesarios un analizador de gases, que mide las emisiones del motor, y un regloscopio, que verifica la intensidad y orientación de las luces delanteras.
Además del equipamiento, será imprescindible contar con personal para operar estas herramientas y garantizar la precisión de las mediciones. Abella Roigt señaló que la inversión inicial para equipar un taller con estas herramientas ronda los USD 100.000, una cifra considerable pero accesible para talleres medianos o grandes.
Impacto en la Ley Nacional de Tránsito
El marco normativo para esta transformación ya está estipulado en la Ley Nacional de Tránsito. El artículo 34 permite delegar la verificación técnica a concesionarios y talleres autorizados, mientras que el artículo 35 detalla los requisitos de habilitación y responsabilidad técnica. Esto incluye la necesidad de un director técnico que asuma la responsabilidad civil y penal de las revisaciones realizadas.
En palabras de Sturzenegger, esta desregulación busca «modernizar un sistema que ha permanecido estático durante décadas, limitando la competencia y dejando a los usuarios con pocas opciones». Desde el Gobierno destacan que el objetivo final es reducir costos, mejorar la calidad del servicio y facilitar el acceso de los ciudadanos a la verificación técnica.
