El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, presentó este jueves una denuncia penal contra Oscar Laborde, exembajador argentino en Venezuela, por el delito de traición a la Patria. El Gobierno sostiene que Laborde habría actuado de manera no autorizada en el caso de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en diciembre en Venezuela, y lo acusa de actuar en beneficio del régimen de Nicolás Maduro y en detrimento de los intereses nacionales.
De acuerdo a datos de la agencia NA, la denuncia señala que Laborde, sin contar con autorización oficial, habría contactado a la familia de Gallo en Argentina para entregar una carta al gendarme detenido y habría buscado justificar las acusaciones del régimen venezolano de espionaje contra el cabo primero de Gendarmería. «Estas acciones no solo representan una deslealtad al Estado argentino, sino que buscan legitimar actos de desaparición forzada», afirmó el comunicado del Ministerio de Seguridad.
El caso de Nahuel Gallo comenzó cuando el gendarme viajó con permisos oficiales a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo. Al cruzar la frontera, fue detenido por las autoridades venezolanas, acusado de espionaje y trasladado a un lugar desconocido. Desde entonces, su paradero sigue siendo incierto, y el Gobierno argentino, mediante gestiones diplomáticas a través de terceros países como Brasil, ha intentado asegurar su liberación.
El fundamento de la denuncia de Bullrich al exembajador argentino de Venezuela
La acusación contra Laborde, quien ocupó el cargo de embajador durante la presidencia de Alberto Fernández, se fundamenta en que su intervención habría menoscabado las gestiones oficiales y beneficiado al régimen de Maduro. Según el Ministerio de Seguridad, «su conducta constituye una grave violación de los principios de lealtad hacia la Nación, al tiempo que compromete los esfuerzos por garantizar los derechos fundamentales de Gallo».
El caso ha generado tensiones diplomáticas y políticas, especialmente en un contexto en el que la Cámara Federal de Mendoza ha calificado la detención de Gallo como una posible desaparición forzada. Este tribunal ordenó una investigación penal y solicitó a las autoridades venezolanas que informen sobre el paradero y las condiciones de detención del gendarme.
En paralelo, Laborde ha defendido sus acciones en declaraciones mediáticas, presentándolas como un intento humanitario de interceder en el caso. Sin embargo, el Gobierno desestima esta versión y asegura que su conducta fue «unilateral y perjudicial». La denuncia se ampara en el artículo 214 del Código Penal, que establece penas severas para quienes actúen contra los intereses de la Nación.
El desenlace del caso no solo determinará la situación de Laborde en el ámbito judicial, sino que también marcará un precedente en la gestión de conflictos internacionales y la protección de ciudadanos argentinos en el exterior. Mientras tanto, las gestiones oficiales continúan en busca de resolver la situación de Nahuel Gallo y garantizar sus derechos fundamentales.
